La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha expresado su descontento ante la reciente decisión del Gobierno, que busca establecer La Península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria en la región. Esta resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de octubre, una fecha significativa que rememora las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista.

La decisión del Gobierno se basa en que este lugar albergó un campo de concentración franquista entre 1937 y 1939, tiempo en el que su capacidad fue sobrepasada con más de 1.600 prisioneros, aunque oficialmente se estableció un límite de 600. Documentos históricos conservados en el Archivo General Militar de Ávila revelan los rigurosos y humillantes protocolos que debían seguir los reclusos, que iban desde saludos a cánticos que encarnaban el ideario fascista.

El BOE también subraya que este campo fue pionero en la construcción de otros similares en España, utilizado no solo para el encarcelamiento, sino también como una herramienta propagandística por parte del régimen franquista. La resolución menciona que el Palacio de La Magdalena se utilizó para la represión de aquellos considerados enemigos del régimen, donde se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, la iniciativa contempla la consulta a instituciones académicas como la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para aportar información adicional al expediente que deberá resolverse en un año.

Las reacciones ante este anuncio han sido inmediatas. Buruaga ha manifestado su tristeza y ha cuestionado por qué no se eligen otros lugares significativos de la memoria histórica en Cantabria, como la Bahía de Santander o el faro desde el que se arrojaron prisioneros. La presidenta ha subrayado que esta acción solo busca "abrir viejas heridas" y divide a la sociedad bajo una agenda, a su juicio, "franquista".

Desde su perspectiva, Buruaga asegura que el objetivo del Gobierno es desviar la atención de los problemas actuales de la comunidad, mencionando un informe comprometedores sobre el ministro de Memoria Democrática y las acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Deberían centrarse más en los problemas de Cercanías y en el futuro energético de nuestra región", ha comentado.

En el mismo sentido, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, criticó esta declaración al considerarla como una intrusión en las competencias municipales. Ella sostiene que priorizar la mirada hacia el pasado es absurdo, y subraya la importancia de conocer la historia sin desenterrar conflictos que podrían dividir a la población.

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Santander, Daniel Fernández, ha reprochado a Igual su falta de reconocimiento sobre la existencia del campo de concentración en La Magdalena. Para Fernández, hacer memoria es un deber y este procedimiento debería resaltar los sufrimientos que ha atravesado la ciudad.

Asimismo, Fernández ha recordado que la Fiscalía había instado al Ayuntamiento a cumplir con la Ley de Memoria Democrática, sugiriendo que la ciudad no debería honrar a figuras que lucharon contra la democracia y estaban vinculadas al régimen franquista.

Tanto Buruaga como Igual hicieron estas declaraciones durante el inicio de unas obras en la zona del muelle de Raos 6, mientras que Fernández abordó el tema en una rueda de prensa centrada en el presupuesto municipal del próximo año.