El MITECO solicita suspender las obras del Centro Náutico Pesquero de Laredo hasta resolver recursos pendientes

El Gobierno del Partido Popular ha anunciado que no cumplirá con la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que insta a paralizar las obras del Centro Integrado de Formación Náutico Pesquera de Laredo, en Cantabria. El proyecto, cuya conclusión está prevista para febrero, se encuentra pendiente de resoluciones judiciales. El Ejecutivo regional considera que esta resolución no es vinculante y ha pedido a la ministra del ramo, Teresa Ribera, que deje de interferir en la obra que consideran crucial para la comunidad, con una inversión de 5 millones de euros financiados con fondos europeos REACT.
Los consejeros de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y de Educación, FP y Universidades, Sergio Silva, han expresado su sorpresa ante la resolución del Ministerio, ya que consideran que no es coherente con la postura que han tenido públicamente los socialistas cántabros, quienes han respaldado este proyecto. Han recordado la visita que realizó el líder autonómico del PSOE, Pablo Zuloaga, a Laredo para instar al Gobierno a concluir las obras, así como la posterior petición en el Parlamento. Ante esto, han instado a Zuloaga y a la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, a pedir a la ministra Ribera que rectifique.
Los consejeros también han señalado que este proyecto ha estado rodeado de polémica desde su inicio en 2021 y ha sido objeto de atención por parte de diversos sectores. Actualmente, hay dos recursos judiciales pendientes de resolución. Uno de ellos fue presentado por el Ayuntamiento de Santoña contra la autorización otorgada por la Consejería de Obras Públicas en la pasada legislatura, en la que se permitía el uso dotacional del Puerto de Laredo para la construcción del centro. El otro recurso fue presentado por el actual Gobierno de Cantabria contra un informe negativo de la Demarcación de Costas, que fue remitido fuera de plazo. Según los consejeros, ambos recursos están en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que debe determinar aspectos relacionados con las clases teóricas dentro del edificio.
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