La Comisión Permanente de Justicia aprueba la iniciativa de Cantabria para achicar la carga de trabajo y prestar mejor servicio
SANTANDER, 27 Ago.
La Comisión Permanente de Justicia ha aprobado, en su última asamblea, la reorganización de los órganos judiciales de Cantabria, que va a suponer la creación de ocho puestos nuevos y del nuevo juzgado de lo Mercantil en Santander (el número 2), que va a entrar en desempeño en el último mes del año.
El propósito de la iniciativa de reorganización planteada desde Cantabria, y que ha recibido el visto bueno de la Comisión de Justicia, tiene por objeto, según explicó en un aviso la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, la reducción de la carga de trabajo y prestar a la ciudadanía un mejor servicio
De los ochos nuevos puestos que se van a crear 4 van a ser de administradores procesales y administrativos, tres de tramitadores procesales y administrativos y una de auxilio judicial.
Además, va a haber una reubicación de una plaza de tramitador procesal y
administrativo, que va a pasar del Juzgado Mercantil Número 1 al Número 2. De este modo, se equipararán las plantillas de los dos juzgados con la de los nueve juzgados de primera instancia ordinarios.
Así, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander incorporará con tres administradores procesales y administrativos, 4 tramitadores procesales y administrativos y un auxilio judicial.
Además, se acrecentará la plantilla del Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Santander con un administrador procesal y administrativo.
El Gobierno indicó que con estos cambios, la carga de trabajo que existe se va a ver "sensiblemente achicada", más que nada en lo mercantil, con la creación del nuevo juzgado y con el refuerzo en el de Primera Instancia n.º 11 de Santander, cuya dotación se compara así a la del resto de juzgados de primera instancia de la ciudad más importante.
La Dirección general de Justicia del Gobierno de Cantabria viene asumiendo las competencias en orden a la provisión de medios personales al Servicio de la Administración de Justicia en la zona desde el 1 de enero de 2008, aparte de las de medios materiales y económicos.
El Gobierno indicó que la iniciativa desarrollada por la Consejería de Presidencia Justicia fue negociada con las organizaciones sindicales mucho más representativas en el contexto de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario.
