El Gobierno regional del PP ha presentado una ambiciosa reforma fiscal en Cantabria que busca beneficiar a todos los ciudadanos de la región. Con estas medidas, se espera que los cántabros paguen 90 millones de euros menos en impuestos al año.
La reforma tiene como objetivo principal favorecer a los trabajadores con rentas medias y bajas, así como a los jóvenes, habitantes de municipios rurales y nuevos padres.
Una de las medidas propuestas es una reducción de la tarifa autonómica del IRPF en todos los tramos, incluyendo una bajada del tipo mínimo del 9,5% al 8,5%. También se crea una deducción de 1.400 euros por nacimiento o adopción durante los tres primeros años, así como una deducción de 200 euros para estudiantes de municipios en riesgo de despoblamiento. Además, se elimina el pago del canon del agua para los habitantes de estos municipios.
La reforma también incluye rebajas en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una bonificación del 50% en el Impuesto de Sucesiones cuando los herederos sean hermanos, y la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio.
El PP confía en que esta reforma, que entraría en vigor el 1 de enero de 2024 si se aprueba, aumente la renta disponible de los hogares y empresas, impulsando así el consumo familiar, la inversión y la creación de empleo. Además, defienden que menos impuestos no significa menos ingresos ni recaudación fiscal.
La oposición del PRC y el PSOE ha expresado su preocupación respecto a los posibles recortes en los servicios públicos debido a la merma de ingresos. En cambio, Vox podría apoyar la reforma fiscal debido a su defensa de una rebaja fiscal.
Con esta reforma, Cantabria se convertiría en una de las comunidades autónomas con una fiscalidad más reducida, según la presidenta María José Sáenz de Buruaga.
A pesar de la reducción de ingresos, los 'populares' confían en que esta medida impulse la economía y el empleo en la región. Por otro lado, se destaca que los cántabros dejarán de pagar 370 millones de euros en impuestos durante esta legislatura.
El Gobierno ha asegurado que no habrá recortes en la dotación de las consejerías y que se mantendrán los servicios públicos, incluso se prevé destinar un 6% más de inversión a Sanidad y Educación en el próximo ejercicio.