El 1 de diciembre, el Parlamento de Cantabria ha dado un paso significativo al aprobar una reforma de la ley autonómica destinada a reconocer y homenajear a las víctimas del terrorismo. Esta reforma, que ha surgido a partir de una propuesta de Vox, ha sido respaldada de forma consensuada por varias formaciones políticas, incluyendo el Partido Popular (PP), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

La modificación introduce importantes cambios al ampliar el número de beneficiarios de las indemnizaciones otorgadas por el gobierno cántabro. Ahora, los herederos de víctimas que fallecieron antes de la implementación de la ley podrán acceder a estas compensaciones. Asimismo, se ampliarán las circunstancias que permiten recibir indemnización, incluyendo situaciones de secuestro, extorsión y amenazas que hayan obligado a las víctimas a reubicarse en Cantabria.

Otro aspecto relevante de esta reforma es que se reconoce la retroactividad de las indemnizaciones, permitiendo que las víctimas o sus familias puedan solicitar compensaciones desde la entrada en vigencia de la ley autonómica. Además, se facilitará la presentación de nuevas solicitudes y la revisión de casos previamente denegados. También se garantiza que las ayudas complementarias tendrán carácter permanente, abriendo la ventana de solicitudes cada primer trimestre del año.

Además, el texto modificado incluye una obligación para que el gobierno de Cantabria implemente programas de asistencia psicológica de manera "inmediata y permanente" para las víctimas del terrorismo y sus familias, a través del sistema de salud pública o mediante convenios con entidades especializadas. También se estipula la creación de un espacio físico para que las asociaciones de víctimas puedan organizar actividades de apoyo y memoria.

En el ámbito educativo, se mandató a la Consejería de Educación desarrollar programas que preserven la memoria de las víctimas, promoviendo su participación en actividades escolares, charlas y proyectos de divulgación.

La reforma se ha aprobado con 34 votos a favor, aunque la ausencia del socialista Pablo Zuloaga ha sido notable. Este cambio legislativo responde a las "carencias" observadas en la ley autonómica inicial, que data de marzo de 2023, y busca mejorar la protección integral de las víctimas, tal como se menciona en la proposición de ley.

A pesar del consenso en la votación, han surgido tensiones entre el PP y los partidos de oposición, que han criticado cómo se ha manejado esta reforma. En marzo de 2025, el Parlamento había aprobado, de forma unánime, una iniciativa para instar al Gobierno a realizar las modificaciones solicitadas por la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), pero tras varios meses de inacción por parte del Gobierno, Vox tomó la iniciativa de presentar la ley que ahora se ha aprobado.

Los partidos opositores han manifestado que el Gobierno actuó con falta de "diligencia" y únicamente se movió ante la presión generada por la proposición de Vox, acusando al PP de reaccionar "a toda prisa". Sin embargo, el portavoz del PP, Juan José Alonso, defendió que el Ejecutivo había estado trabajando con ASCANVITE en el proyecto de ley durante meses.

Alonso destacó que tanto los ciudadanos como los cántabros tienen claro quién apoya a las víctimas del terrorismo y quién intenta "blanquear a los terroristas". Rechazó cualquier "lección" de los partidos que componen la oposición, particularmente del PSOE, aludiendo a sus vínculos con figuras como Otegi.

El portavoz popular subrayó que el PP se ha mantenido firme en priorizar los intereses de los cántabros, especialmente en lo referente a las víctimas del terrorismo. "No estamos aquí para competir por medallas. Lo que verdaderamente importa es que las víctimas cuenten con una ley justa y adecuada", concluyó Alonso, reafirmando el compromiso del PP de apoyar la mejora de la legislación vigente.