El 2 de diciembre en Santander, el Parlamento de Cantabria ha tomado una decisión crucial al aprobar un proyecto de ley que tiene como finalidad establecer una Autoridad Docente en la región. Este proyecto será enviado a la Cámara en 2025 y tiene como objetivo proporcionar a los docentes de la comunidad autónoma las mayores garantías jurídicas necesarias para el ejercicio de su labor educativa.

Este proyecto parte de una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox, y ha sido enriquecido con enmiendas de modificación propuestas por el Partido Popular (PP). La iniciativa ha recibido el apoyo de ambas formaciones y también del diputado no adscrito Cristóbal Palacio. No obstante, ha encontrado la oposición del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quienes han votado en contra, argumentando que esta legislación no es una de las prioridades del sector en medio del actual conflicto por la reivindicación de mejoras salariales, entre otros temas.

Armando Blanco, diputado de Vox, ha expuesto que la intención de la PNL es revitalizar el prestigio y la autoridad de los profesores, lo cual se debe manifestar en condiciones laborales adecuadas y en el respeto que se les debe dentro del aula. Esta es una respuesta a la preocupante situación que atraviesa el cuerpo docente, tal como lo evidencia el último informe del defensor del profesor de ANPE, correspondiente al curso 2023-2024, donde se revela que un 13,4% de los docentes presenta diagnósticos de depresión y un alarmante 69,9% sufre de ansiedad.

En cuanto a la problemática que enfrentan los profesores con sus alumnos, Blanco ha destacado que más del 40% de las actuaciones reportadas están asociadas a conflictos en el aula, los cuales no solo han aumentado en términos absolutos, sino que también se ha incrementado el número de agresiones por parte de los estudiantes hacia los docentes. Según los datos, un 22% de los educadores informó sobre faltas de respeto, un 21% tuvo dificultades al impartir sus clases, y un 20% mencionó haber sido objeto de acusaciones falsas.

Asimismo, han surgido preocupaciones en relación con las interacciones con los padres, donde las denuncias de falsas acusaciones, la falta de respeto y incluso casos de acoso son las situaciones más frecuentes. Según el informe, un 34% de los profesores que acudieron al defensor del profesor ha denunciado constantes faltas de respeto, un 20,7% ha experimentado situaciones de acoso y otro 20% ha tenido problemas para impartir sus materias.

Blanco ha subrayado que la falta de autoridad del profesorado representa un factor crítico que afecta el desempeño adecuado de su labor educativa. Por esta razón, ha calificado como "urgente" la necesidad de realizar los cambios necesarios que aseguren un entorno laboral digno para los docentes.

Es en este contexto que se plantea la creación de una Ley de Autoridad Docente en Cantabria, que permita restaurar el prestigio y la autoridad que los educadores han perdido con el tiempo, así como fomentar el respeto a las normas, tanto dentro como fuera del aula.

El apoyo del Partido Popular a esta iniciativa refleja su convicción de que la mejor forma de preservar la seguridad y la integridad de los docentes es asegurar que haya una mayor cantidad de profesionales en el sistema educativo, especialmente en un momento donde la matrícula de alumnos está en descenso. Álvaro Aguirre, diputado del PP, ha afirmado que el compromiso del Gobierno regional es proporcionar mejores recursos al sistema, con el objetivo de mejorar la convivencia en las aulas, actuando con responsabilidad y realismo ante los retos futuros.

Aguirre ha destacado que la venidera Ley de Autoridad Docente podría representar un avance significativo y multiplicador para la educación en Cantabria, al fortalecer el papel y reconocimiento social de los docentes, así como respaldar legalmente su autoridad y mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos.

Por su parte, la diputada regionalista María Teresa Noceda ha respondido a esta propuesta enfatizando que, para verdaderamente dotar de autoridad a los docentes, es esencial reconocer sus demandas actuales, incluyendo el apoyo a sus justas reivindicaciones salariales. Además, ha abogado por una mejora en las condiciones laborales, una disminución en los ratios de alumnos y un aumento en el apoyo material y humano, que es necesario para abordar la creciente diversidad en las aulas.

El diputado socialista Jorge Gutiérrez ha expresado sus dudas sobre la necesidad y pertinencia de una legislación como esta, puesto que argumenta que la consideración y reconocimiento social de la función docente ya está contemplada en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, la cual fue modificada hace dos meses. Gutiérrez ha resaltado que el profesorado tiene urgentes prioridades en este momento, como son las mejoras en las condiciones laborales y salariales, la estabilización de plantillas y la reducción de los ratios de alumnos.

Gutiérrez ha sostenido que la autoridad docente se crea en el aula a través del respeto y la educación, no a través de leyes que se aprueben en un Parlamento. Concluyendo, ha indicado que, dado el amplio espectro de reivindicaciones que enfrenta el colectivo docente actualmente, la Ley de Autoridad Docente no debería estar entre las prioridades de su agenda.