Crónica Cantabria.

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El plan de gestión del lobo en Cantabria enfrenta 164 objeciones, principalmente de ecologistas y una del MITECO.

El plan de gestión del lobo en Cantabria enfrenta 164 objeciones, principalmente de ecologistas y una del MITECO.

El Gobierno de Cantabria está actualmente trabajando en un nuevo Plan de Gestión del Lobo, que ha generado controversia en la comunidad. Durante su fase de exposición pública, el proyecto ha recibido un total de 164 alegaciones, las cuales serán consideradas al redactar la versión final del plan.

Entre las contribuciones, se encuentran las opiniones de grupos ecologistas, que han presentado alegatos con un enfoque similar. También ha tenido un papel activo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el cual ha cuestionado varios elementos del plan, como se ha informado a Europa Press.

Uno de los puntos de controversia más destacados es la limitación del 20% de extracción anual del lobo, lo que equivale a 41 animales por temporada. El ministerio ha expresado preocupaciones sobre la falta de datos científicos actualizados y la ausencia de información sobre la mortalidad de esta especie.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha manifestado su sorpresa ante la alegación del MITECO, señalando que este tipo de peticiones parecen alinearse con el objetivo de regresar el lobo al catálogo de especies protegidas, algo que ha sido un tema recurrente desde que dejó de estar en el LESPRE.

Se espera que todas estas alegaciones se discutan en la próxima Mesa del Lobo, programada para mediados de octubre. Además, el Gobierno regional está preparando una memoria técnica justificativa como paso necesario antes de comenzar el proceso administrativo formal, con la meta de tener el decreto aprobado para finales de 2025 o principios de 2026.

Una vez que se cierren las contribuciones del público, se procederá con la elaboración del documento final y el inicio del procedimiento necesario para su aprobación mediante decreto. El objetivo es garantizar que el texto final tenga el respaldo técnico y político requerido para su implementación antes de finalizar el año.