La Corporación exhibe su rechazo a la supresión del delito de sedición ocasionando la división entre los asociados de gobierno

TORRELAVEGA, 3 Ene.

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes la expropiación de tres fincas situadas en Torres, entre los ríos Saja y Besaya, y calificadas como sistema general, tras una demanda presentada por entre los dueños demandando este trámite.

La expropiación ha salido adelante en el primer Pleno municipal del año únicamente con los votos en pos de los partidos del aparato de Gobierno, PRC y PSOE, puesto que el resto de conjuntos ha aludido a "falta de información" y "oscurantismo" y ha cuestionado que se adquieran unas parcelas perjudicadas por el río, la vía de tren y la autovía.

Regionalistas y socialistas han reconocido que estas fincas privadas, que se completan con otras 2 lindantes, una municipal y otra de la Confederación Hidrográfica, tienen "condicionantes esenciales" y "no son atrayentes para el Ayuntamiento" de cara a desarrollar probables proyectos, pero entre los dueños ha solicitado a fin de que se cumpla lo pensado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 que las califica como sistema general y "debemos ofrecer contestación".

"El derecho de los dueños está por arriba. Les protege la ley", ha sentenciado el concejal de Hacienda y representante regionalista, Pedro Pérez Noriega, tras argumentar que ese espacio esta contemplado como sistema general y eso da derecho a los dueños a reclamar la expropiación.

Por ello, y ya que piensan que si la resolución se deja a cargo de los tribunales el Ayuntamiento perderá la sentencia "con toda seguridad", han aprobado la expropiación para intentar llegar a un justiprecio -dijo que se han valorado en seis euros por metro cuadrado- y "anticiparse", eludiendo una viable condena "superflua" y las costas judiciales.

Sin embargo, la oposición -PP, ACPT, Ciudadanos (Cs) y Torrelavega Sí- ha letrado por asistir a los tribunales y dejar que sean los jueces los que resuelvan si la ley respalda a los dueños que han demandado la expropiación, y han insistido en comprender qué se quiere realizar en esos terrenos, puesto que en un inicio se charló de un parque fluvial pero ven bien difícil poder accionar, por lo menos no sin emprender primero una "confusión burocrática".

En este sentido, el representante del PSOE y concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, ha aclarado que "en este preciso momento no nos ocupa lo que se hará ahí, nos ocupa la ley".

Tanto Urraca como Pérez Noriega han señalado que los reportes de los profesionales y del secretario municipal acreditan la necesidad de cumplir lo preparado por PGOU vigente, que data de 1985, y que hablamos de un caso contemplado en la Ley del Suelo.

Y ya que múltiples concejales apuntaron que el aparato de Gobierno tiene "algún interés" con la adquisición o que desea beneficiar al dueño que hizo la reclamación, regionalistas y socialistas han asegurado que solo desean eludir "proceder a un juicio que iremos a perder". "En este preciso momento no hacer la expropiación lo único que será es mucho más coste", han insistido.

De hecho, el expediente para expropiar las fincas se decretó en Comisión de Hacienda en el mes de junio de 2021 pero no llegó a llevarse al Pleno para su ratificación, sin tener en cuenta la adquisición de las fincas hasta la actualidad, en el momento en que llegó la demanda.

Sin embargo, las explicaciones no han convencido a la oposición.
"Me da que meditar", dijo el concejal de Cs, Julio Ricciardiello; a eso que el de ACPT, Iván Martínez, ha añadido que quien ha interpuesto la demanda es la familia de un constructor torrelaveguense, al que piensa que el PRC desea "beneficiar", y por este motivo ha acusado asimismo a PSOE de haberse transformado en la "muleta" de su colega de gobierno.

Por otra sección, el Pleno ha aprobado una petición que ha causado la división de PRC y PSOE, en tanto que la Corporación mostró su rechazo a la última supresión del delito de sedición con el voto en oposición a los concejales socialistas y de ACPT.

El artículo de esta idea, presentada por el PP y que fué apoyada por PRC, Cs y Torrelavega Sí, ha debido alterarse por la parte de la representante 'habitual', Marta Fernández-Teijeiro, pues solicitaba en un inicio pedir al Gobierno de España la no revisión del delito, pero todos y cada uno de los conjuntos han señalado que era ahora una solicitud "extemporánea" al haberse aprobado ahora en las Cortes.

Y es que el PP llevó esta petición al Pleno de noviembre, antes de debatirse la reforma en todo el país, pero no llegó a abordarse pues la oposición abandonó la sesión como queja una vez que el concejal José Luis Urraca, asimismo secretario general del PSOE de Torrelavega, se fuera de la sesión para asistir a un acto del partido coincidiendo con la visita de la ministra Pilar Alegría.

En el enfrentamiento de este punto, Urraca ha señalado que merced a las actuaciones del Gobierno central el independentismo en Cataluña "se ha achicado" y "por el momento no es un inconveniente de primer orden" como en el momento en que regía el PP, aparte de que ha defendido que la reforma del Código Penal se hizo para arrimarse al resto de legislaciones de europa.

Algo que han rechazado los regionalistas, que, online con los 'populares', han sostenido que se hizo para "abonar" el acompañamiento de los independentistas al Gobierno. "Charlar de otra cosa es mentir al ciudadano", respondió Pérez Noriega a su colega.

Finalmente, el Pleno ha rechazado otra petición del PP que instaba al alcalde, Javier López Estrada (PRC), a relevar a la concejala de Servicios Sociales, Laura Romano (PSOE). El aparato de Gobierno ha tumbado esta solicitud -que sí han votado a favor PP, ACPT y Torrelavega Sí, al tiempo que Cs se ha abstenido- poniendo en valor la tarea de la edil y resaltando que su área es "el mucho más complejo de administrar".

El resto de partidos han acusado a la concejala de no ser con la capacidad de solucionar los inconvenientes de ese departamento y de que su departamento "no está atendiendo las pretensiones" de la gente atacables. "La gente no desea asistir a Servicios Sociales", han denunciado.

En este punto asimismo se han referido a los inconvenientes que padecen ciertos vecinos por la 'okupación' ilegal en sus casas o vecindarios, en un Pleno al que, exactamente, han acudido múltiples representantes de los damnificados con avisos con lemas como 'Stop okupas. Tu vecindario seguro' o 'Por un vecindario libre de okupas'.

El concejal de Cs, Julio Ricciardiello, ha denunciado en este sentido que la Sareb y el aparato de Gobierno "protegen" a los okupas en frente de los "lícitos dueños" en Sierrapando, tras haber renunciado al lanzamiento judicial de unas personas "que afirmaban estar en situación de puerta de inseguridad y se demostró que no es de esta manera".

El edil, que ha calificado de "puñalada" a los dueños esta resolución, ha preguntado en el Pleno por la intención de la administración de comprar los inmuebles para "dejar en libertad" a los dueños de la "condena y padecimiento" que llevan sufriendo ya hace una década. Además, se ha entusiasmado por entender el número de okupas que viven en el edificio y cuántos se van a ir "en el momento en que concluyan las negociaciones con la Sareb".