El Ayuntamiento de Santander ha dado luz verde al presupuesto de 2026 en su última sesión ordinaria del año, con un total de 265 millones de euros. La aprobación se logró gracias al respaldo del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, mientras que el resto de los grupos de la oposición – PRC, PSOE, Vox e IU – se manifestaron en contra de la propuesta.

En la misma sesión, únicamente con los votos del PP, se ratificaron las tasas de alcantarillado y de suministro de agua, así como la plantilla municipal correspondiente al mismo año. Este conjunto de decisiones ha suscitado críticas entre los partidos opositores, quienes señalaron que el debate conjunto de estos asuntos busca, en su opinión, difuminar su importancia al entrelazarlos en una única discusión, tal como destacó Felipe Piña, portavoz del PRC.

Piña enfatizó que tratar las tasas junto a la aprobación del presupuesto y la plantilla municipal es un error, dado que son cuestiones significativas para el futuro de la ciudad. El representante del PRC argumentó que el budgert muestra una falta de transparencia y una carencia de proyectos innovadores que podrían transformar Santander, repleto de lo que consideran cuestiones poco claras.

Desde el PSOE, Daniel Fernández criticó que el presupuesto se presenta como un documento que "no habla del futuro", resaltando que reproduce una visión limitada y sin creatividad que perpetúa una situación de estancamiento. Fernández cuestionó la falta de un plan que considere el desarrollo de la ciudad a largo plazo, planteando interrogantes sobre el rumbo que se desea tomar en la próxima década.

Fernández también expuso que Santander se ha convertido en una ciudad donde predomina el "clientelismo" y los contratos externos, haciendo hincapié en la pésima gestión que se ha observado en diversas áreas, incluyendo el servicio de limpieza, cuyo contrato millonario sigue generando dudas sobre su eficacia real.

En relación con las tasas de agua y alcantarillado, Fernández subrayó que el incremento acumulado en la factura del agua en los últimos tres años supera el 15%, además de sumar un nuevo aumento del 2,7%. Criticó la privatización del agua, argumentando que estas tarifas son en realidad impuestos que no deberían ser gestionados por empresas privadas.

Por su parte, Vox expresó su desacuerdo con el presupuesto del año 2026, caracterizándolo como un reflejo de la perpetuación de prácticas administrativas arraigadas en el pasado y una alarmante falta de alternancia en el gobierno municipal. Consideraron que las cuentas, centradas principalmente en gastos de personal, dejan poco margen para inversiones significativas en los barrios de Santander.

El grupo también se opuso a lo que perciben como una agenda ideológica que favorece ciertas políticas sobre la urgencia de abordar problemas locales como la vivienda y el apoyo a la natalidad, sugiriendo que es tiempo de dejar de lado las "migajas simbólicas" que no resuelven la problemática migratoria.

Desde Izquierda Unida, Keruin Martínez se posicionó en contra de las subidas impositivas que afectan a los ciudadanos de Santander y del trato dado al personal municipal, reafirmando su rechazo a las cuentas por su insuficiencia en resolver las necesidades reales de la comunidad.

El concejal de Economía, Javier García, defendió el presupuesto en un contexto de incertidumbre, causado por la falta de los Presupuestos Generales del Estado, y aseguró que se trata de un documento que garantizará la estabilidad de servicios e inversiones. Aclaró que el incremento en la tasa de agua es consecuencia de la actualización conforme al IPC y no una decisión política arbitraria.

Finalmente, la alcaldesa Gema Igual comentó que no esperaba el apoyo de la oposición al presupuesto, aunque también criticó la hipocresía de los concejales en relación con los impuestos, subrayando que el incremento que les preocupa no se compara con el aumento de la tasa de basuras que proviene del gobierno nacional. Reiteró que el aumento de la tasa del agua es una obligación legal, no una decisión voluntaria del equipo de gobierno.