En el Parlamento de Cantabria, los principales partidos de la oposición, incluyendo el PRC, el PSOE y Vox, han decidido presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2026, que fue impulsado por el Gobierno regional del Partido Popular. Estas enmiendas también se extienden a la ley de Medidas Fiscales y Administrativas, comúnmente conocida como ley de acompañamiento.

La presentación de estas enmiendas por parte de los tres partidos de la oposición no ha sido una sorpresa, ya que venían advirtiendo sobre su intención. El PRC fue el último en hacerlo, argumentando su decisión por la falta de comunicación por parte del PP, que había desestimado previamente las seis condiciones que el PRC había planteado con el objetivo de iniciar negociaciones. Para el Partido Popular, tres de estas condiciones fueron consideradas como cumplidas, mientras que las otras tres se catalogaron como inaceptables.

Los regionalistas han manifestado su rechazo a los presupuestos del Gobierno del PP por tres razones clave: en primer lugar, argumentan que el Gobierno ha registrado las cuentas sin contar con el respaldo necesario; en segundo lugar, no desean ser cómplices de lo que califican como inacción y pésima gestión gubernamental; y en tercer lugar, sostienen que se trata de unas cuentas que no reflejan la situación del bienestar social de los ciudadanos de Cantabria.

El PSOE, por otro lado, hizo público su registro de enmiendas el miércoles. El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, justificó esta decisión denunciando que los presupuestos promovidos por el Gobierno del PP contienen elementos de privatización y debilitamiento de los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Además, criticó la política fiscal que resulta, en su opinión, injusta, así como la insuficiencia de recursos destinados a los municipios.

Durante una rueda de prensa, Mario Iglesias, portavoz del PSOE en el Parlamento, repitió estas críticas, afirmando que el presupuesto esconde las intenciones del PP de desmantelar el sistema de servicios públicos. Según Iglesias, este proyecto de presupuesto carece de diálogo, no incorpora propuestas transformadoras y se limita a perpetuar rutinas que impiden el avance.

El portavoz también se refirió a estas cuentas como "infladas", generando expectativas que no se cumplen debido a la falta de ejecución de las partidas. Además, alertó que contiene promesas previamente incluidas en los presupuestos de 2024 y 2025. No obstante, aclaró que su intención al presentar estas enmiendas no es bloquear el proceso, sino abrir una nueva puerta al diálogo y reestructuración, buscando un presupuesto que realmente beneficie a Cantabria y sus habitantes.

Casares subrayó que Cantabria necesita un nuevo modelo presupuestario que aborde urgentemente los desafíos de vivienda para los jóvenes y los grandes problemas regionales, afirmando que las propuestas del PP van en la dirección opuesta a lo que el pueblo necesita.

En relación a la ley de medidas, el grupo Vox anunció esta mañana el registro de sus enmiendas, alegando que el Partido Popular no había respondido a sus sugerencias sobre la deflactación del IRPF en un 4,9%, cifra que coincide con el aumento de la inflación desde que el actual Gobierno asumió el cargo. Vox, que ya había indicado que no continuaría las negociaciones con el PP, considera que los presupuestos actuales constituyen un "infierno fiscal" y replican políticas del anterior gobierno PRC-PSOE en lugar de realizar el cambio que reclaman los cántabros.

Este jueves, se llevará a cabo la Mesa de la Comisión de Economía para evaluar la admisión de estas enmiendas a la totalidad, en un encuentro programado para las 14:05 horas. Las enmiendas serán discutidas en el Pleno el lunes 24 de noviembre a las 10:00, y en caso de ser aprobadas, el presupuesto deberá ser devuelto al Gobierno, dejando a la comunidad autónoma sin un presupuesto ratificado para 2026.

Frente a esta circunstancia, el Gobierno de Cantabria se encuentra ante múltiples opciones: podría redactar un nuevo presupuesto, prorrogar los existentes de 2025, o incluso plantear la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, un escenario que no puede ser descartado en este contexto de tensión política.