En Santander, el 2 de diciembre, se ha dado un paso significativo en la investigación de un convenio polémico que involucra al Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde, tras la denuncia presentada por Podemos Cantabria. El Tribunal de Cuentas ha decidido aceptar la denuncia y ha iniciado una serie de acciones, incluyendo el traslado de la documentación pertinente al Ministerio Fiscal para que se lleve a cabo un examen minucioso de la situación.

Según información obtenida de Europa Press, el Tribunal ha solicitado a Podemos que aclare si su participación se limita a la denuncia o si pretende ejercer acciones en nombre del interés público para demandar responsabilidad contable respecto al acuerdo.

La denuncia de Podemos destaca la magnitud del contrato, que se estima en una inversión entre 254 y 320 millones de euros, y que abarca un periodo de 16 a 20 años. Este partido político ha pedido que el Gobierno regional, liderado por el PP, proporcione explicaciones exhaustivas y toda la documentación relacionada con el acuerdo para su correcta evaluación.

Desde la perspectiva de Podemos, este convenio implica un compromiso de recursos públicos considerable, y lo consideran problemático debido a la falta de justificación y garantías de eficiencia. Además, han denunciado una falta de transparencia al no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso a información pública, lo que llevó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a abrir un expediente contra la Consejería de Salud, dirigida por César Pascual.

La reacción de Podemos a la actuación del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Transparencia es de satisfacción, pues argumentan que la respuesta de estas instituciones demuestra que existen motivos válidos para la preocupación. Según su declaración, ambas entidades han indicado que hay justificación para revisar la transparencia, legalidad e implicaciones económicas del convenio en cuestión.

El partido morado resalta que un acuerdo de tal envergadura requiere una justificación económica sólida, un análisis de las alternativas públicas disponibles y la garantía de una gestión eficiente de los fondos públicos. Por ello, han instado al Gobierno autonómico a que publique sin dilaciones el expediente completo y advirtieron que, si se confirman irregularidades que puedan perjudicar los fondos públicos, estarán dispuestos a exigir las responsabilidades pertinentes.