• martes 7 de febrero del 2023

El TS asegura un año de prisión y ocho de inhabilitación al exalcalde de Castro por la situacion La Loma

img

Repudia los elementos del exregidor y el exsecretario pero cree medianamente el de Valentín Galdós y disminuye su pena a 4 meses

SANTANDER, diez Ene.

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha podido confirmar la pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación particular para empleo o cargo público al exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza como creador de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística en el llamado 'caso La Loma'.

El tribunal asimismo ha ratificado la condena al exsecretario municipal de exactamente la misma ciudad César Saiz, de un par de años de prisión por delito de falsedad en archivo público y oficial, y de seis años de inhabilitación particular para empleo o cargo público como cooperador preciso de un delito de prevaricación administrativa.

Así, el Supremo ha rechazado los elementos presentados por Muguruza y por Sáiz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 30 de septiembre de 2020, que estableció las citadas penas aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones incorrectas a los dos, al haber vivido catorce años desde el instante en que se inició la instrucción de la causa hasta el dictado de la sentencia.

Sin embargo, ha estimado relativamente el recurso del tercer culpado por la Audiencia cantabria, Valentín Galdós, promotor inmobiliario de Sacyr Vallehermoso, y ha achicado de un par de años a 4 meses su pena de prisión por delito de falsedad, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones incorrectas. También ha rebajado su multa de 7.500 a 6.000 euros.

La sentencia de la Audiencia declaró además de esto la nulidad del Plan Parcial del ámbito de Suelo Urbanizable No Programado Nº 12 de Castro Urdiales, tal como de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (proyectos de compensación, urbanización y licencias de proyectos).

Según el fallo, procede la demolición de las once casas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de rutas, correspondiendo el control y restauración de la legalidad urbanística a los órganos de la Administración eficientes. Todas ellas forman parte a una sociedad inmobiliaria puesto que ninguna de ellas llegó a venderse a particulares.

Los costos de demolición van a ser sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres acusados condenados y con compromiso civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, según dispuso la sentencia.

La Sala confirmó entonces la proposición del ministerio fiscal con relación a los delitos de prevaricación administrativa y urbanística -atribuidos al que fuera alcalde y al secretario municipal, en la situacion del primer delito-, y con relación al delito de falsedad -cometido por el secretario municipal y por el promotor inmobiliario-.

Sin embargo, no compartió la posición de la fiscalía respecto del delito de cohecho, que el ministerio público atribuía al secretario municipal, al promotor, a entre los concejales y a 2 expertos liberales contratados por el Ayuntamiento.

Más información

El TS asegura un año de prisión y ocho de inhabilitación al exalcalde de Castro por la situacion La Loma