El pasado 9 de enero, el Tribunal Supremo de España ha rechazado el recurso de casación presentado por el futbolista argentino Mateo Tanlongo, en relación a la sentencia emitida en julio de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Esta sentencia confirmaba que el jugador debía indemnizar al Real Racing Club con un millón de euros por no haber formalizado su contrato tras haber recibido una oferta de un equipo en Dinamarca.

Con esta decisión, la indemnización queda firme y el Racing tiene la vía libre para reclamar la cantidad estipulada, así como los intereses acumulados hasta la fecha, según ha comunicado el propio club.

A pesar del giro negativo en este proceso para Tanlongo, el Racing ha expresado sus deseos de éxito para el jugador en futuros compromisos. No obstante, el club considera esencial hacer respetar los acuerdos firmados, subrayando la necesidad de profesionalismo dentro de la industria futbolística.

Los problemas comenzaron cuando, a finales de agosto de 2023, tras llegar a un acuerdo con el Racing, Tanlongo se presentó en Santander para formalizar su contrato. Incluso grabó un vídeo como nuevo fichaje, luciendo su número 22. Sin embargo, su representante y él simplemente desaparecieron antes de completar los últimos trámites, dejando al club en la incertidumbre.

La resolución del caso fue manejada por el Juzgado de lo Social número 3 de Santander, que determinó que la falta de firma en los contratos no anulaba la existencia de una relación laboral. Según la normativa, no se requiere de una forma escrita para validar dicho contrato.

Los jueces tanto de primera instancia como de la Sala de lo Social del TSJC llegaron a la conclusión de que Tanlongo había dado su consentimiento al acuerdo, apoyándose en evidencias como comunicaciones entre el jugador y el cuerpo técnico del Racing, su elección del número para la camiseta, y los correos intercambiados con su antiguo club, el Sporting de Lisboa.

Adicionalmente, la grabación de su presentación, junto a su viaje a Santander con tres acompañantes, así como el hecho de que el Racing cubriera todos los gastos, fueron considerados como pruebas concluyentes. Estos factores convinieron a los jueces sobre la existencia de un consentimiento legítimo por parte del futbolista al acuerdo establecido.

Ambas instancias judiciales entendieron que, de acuerdo a la cláusula séptima del contrato, la cantidad a indemnizar debía ser un millón de euros, ya que el incumplimiento del jugador se consideraba total y, por lo tanto, no susceptible de reducción.

Con el reciente fallo del Tribunal Supremo, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se ha vuelto inapelable, permitiendo al Racing proceder a reclamar la indemnización, sumando los intereses correspondientes por el tiempo que ha transcurrido desde este asunto.