• lunes 05 de diciembre del 2022

El TSJC condena al juez Acayro a cinco años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial

img

La Sala valora el ilícito, no continuado, en entre las resoluciones dictadas por el magistrado tras la demanda del letrado y el Colegio

SANTANDER, 2 Nov.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha culpado a cinco años de inhabilitación particular al titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, por un delito de prevaricación judicial por el que fue juzgado hace un par de semanas, acusado de dictar resoluciones en prejuicio de un letrado que se querelló contra él, al lado del Colegio de la Abogacía de la red social autónoma.

El TSJC considera "injusta" la resolución del magistrado de conseguir información sobre la justificación de contratación de especialistas externos -el letrado en cuestión por la parte de municipios- y necesitar la aportación de los propios contratos menores con los que se había llevado a efecto esa contratación.

Además de inhabilitarle para el ejercicio de la función jurisdiccional -con pérdida determinante del cargo que exhibe-, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha impuesto al magistrado una multa de 2.700 euros -a razón de una cuota de 15 euros diarios a lo largo de seis meses- y que indemnice con 5.000 euros al querellante, José María Real del Campo, según la sentencia dictada el pasado lunes y notificada este miércoles, a la que tuvo ingreso Europa Press.

El fallo no es estable, ya que cabe interponer recurso de casación frente al Tribunal Supremo, que exculpó a Acayro Sánchez de un delito de hallazgo y revelación de misterios y anuló la condena impuesta en su día por el TSJC. La defensa anunció a esta agencia que, una vez estudiada la sentencia, recurrirá frente al TS, y que las causas del recurso se concretarán en los próximos días.

En la presente causa, la Fiscalía de Cantabria -representada por su jefe superior, Pilar Jiménez- y la entidad colegial -personada mediante la letrada Carmen Sánchez Morán- demandaban 15 años y un día de inhabilitación particular al magistrado -y multa de 12.000 euros y 5.000 de indemnización- por prevaricación judicial continuada, por dictar resoluciones "irracionales" para "perturbar y dañar" al querellante. Mientras, la defensa, ejercida por Javier Sánchez-Vera, interesaba la libre absolución de su patrocinado.

La Sala, conformada por los jueces Rubén López-Tamés, Clara Penín y José Luis López del Moral -ponente de la resolución y presidente del TSJC, a quien Acayro Sánchez disputó el cargo-, ha apreciado el delito de prevaricación judicial, pero no continuado, en entre las siete resoluciones dictadas por el juez analizadas en el contexto de esta causa, derivada de 2 métodos administrativos en los que intervino, ya que fueron gestionados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander entre 2017 y 2019.

En el primero, y según las acusaciones, el juez Acayro Sánchez --suspendido de sus funcionalidades por el CGPJ en el momento en que se abrió juicio oral y que últimamente ha pedido su traslado al País Vasco-- se centró en investigar la relación contractual de Real del Campo con el Ayuntamiento de Castañeda por medio de las facturas por el pago de servicios prestados; y en el segundo, por inferir testimonio a la Fiscalía contra el letrado querellante por un presunto delito de falsedad reportaje en una causa en el Consistorio de Alfoz de Lloredo.

Tras la visión, que se festejó el pasado 18 de octubre a lo largo de cerca de siete horas y donde el juez se acogió a su derecho a no declarar a las partes por cuestiones jurídicas -en una causa basada principalmente en prueba reportaje- y rechazó asimismo ejercer el de la última palabra, el TSJC le ha culpado por una resolución, dictada el 20 de diciembre de 2018, para necesitar justificación sobre la contratación de especialistas externos y pedir la aportación de los contratos menores "en el momento en que en lo más mínimo resultaba preciso para la mucho más correcta resolución del tema sometido a su cuenta y sobrepasaba notoriamente del objeto del trámite judicial".

"Es verdad que entre todas y cada una de las resoluciones dictadas hay una angosta conexión temporal y material, y que se puede ver en el Ilmo. Sr. Magistrado que las dicta una responsabilidad unitaria. Pero comprendemos que las diferentes y consecutivas resoluciones no generan elevación cualitativa de lesión al bien jurídico protegido, por el hecho de que la postergación de la validez del derecho y, por consiguiente, la vulneración del Estado de Derecho, se causó con la primera de las resoluciones en que se materializa su resolución, exteriorizándola con claridad", enseña la Sala.

En este sentido, cree que "el propósito del juzgador al necesitar justificación sobre la contratación de especialistas externos y pedir la aportación de los contratos menores (no resultando en lo más mínimo preciso -insiste- para la mucho más correcta resolución del tema sometido a su cuenta y excediendo notoriamente del objeto del trámite) era exactamente investigar supuestas irregularidades en tal contratación".

"Y al final creyó localizar alguna, cuando menos una que estimaba pudiese tener trascendencia tributaria, lo que motivó la deducción de testimonio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria", sigue la sentencia, donde los jueces aclaran que "más allá de que se hubiesen descubierto gravísimas irregularidades en el desarrollo de contratación, ello de ninguna manera justificaba o sanaba la resolución del juzgador de investigarlas".

"No las había, pero o sea sin importancia ya que, de haberse constatado su vida, la intención de su eventual hallazgo no justificaría la investigación efectuada en un trámite administrativo que tenía otro objeto, claro y bien definido en la sentencia de 24 de junio de 2019 que puso fin al trámite", añade el tribunal.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC comprende que Acayro Sánchez "empleó una capacitad que le entrega la ley para, excediéndose notoriamente del contenido de la autorización (...) conseguir información sobre extremos que en nada precisaba acreditar para solucionar sobre lo que era objeto del trámite".

"Con la resolución adoptada por el juzgador quedó de manifiesto que no ha aplicado la regla apuntada a la resolución del enfrentamiento entre el administrado y la Administración, sino hizo eficaz su intención de comenzar una investigación extraña a la cuestión doblegada a su resolución, sin fundamento técnico-jurídico aceptable. La resolución se adoptó, indudablemente, desde consideraciones extrañas a la ley", recalca el TSJC.

Asimismo, el tribunal cree que las actuaciones del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander han perjudicado al letrado querellante en el ejercicio de su trabajo profesional, "al sentirse cuestionado frente sus clientes del servicio y perturbado en su ánimo".

El juez Luis Acayro Sánchez, que hace quince años fomentó una investigación por irregularidades urbanísticas en Castro Urdiales, ahora se sentó en el banquillo de los acusados, en el último mes del año de 2015, naturalmente hallazgo y revelación de misterios de un constructor, que le había denunciado frente al Consejo General del Poder Judicial.

Entonces, fue culpado por el TSJC a un año y tres meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta, y absuelto después, en el mes de julio de 2016, por el Tribunal Supremo, que asimismo desechó su recurso contra el ascenso de López del Moral, cargo al que optó Acayro Sánchez.

Más información

El TSJC condena al juez Acayro a cinco años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial

Noticias de hoy más vistas