La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander hizo la solicitud, que la Sala de Gobierno del TSJC examinará el viernes

SANTANDER, 27 Feb.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estudia el viable refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, que transporta la causa de las presuntas irregularidades en los contratos del servicio autónomico de rutas.

Según informó en un aviso el TSJC, la solicitud de refuerzo ha partido de nuestra titular del juzgado, Mercedes Compostizo, en una comunicación recibida este lunes donde expone que su juzgado "está gestionando una causa complicada por la supuesta comisión de distintos delitos de prevaricación, cohecho y estafa en la contratación, entre otros muchos lo que, según ha señalado, "pide varias horas de estudio y dedicación, estando atentos de análisis y opinión cientos de documentos".

Por ese fundamento, la jueza pide que se designe a un integrante de la carrera judicial para remarcar el Juzgado, tal es así que logre contribuir a la instructora en la llevanza del órgano, festejando los juicios por delitos leves y haciéndose cargo de precisamente la mitad de las diligencias que se gestionan.

Asimismo, la Sala de Gobierno valora pedir al Gobierno de Cantabria la designación de un funcionario que logre socorrer a la gestora del juzgado que está encargada de gestionar esta "causa complicada".

Aunque en el comunicado del TSJC no se explicita en concreto de qué causa se habla, la solicitud ha coincidido con la situacion de las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio de Mantenimiento de Carrereras, por el que la semana anterior fueron detenidos el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, M.A.D.B, en prisión provisional en El Dueso; la mujer de este funcionario y múltiples causantes de las compañías implicadas, Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad, a quienes se les ha retirado el pasaporte y van a deber comparecer en el juzgado un par de veces por mes.

A estos investigados por las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos dependientes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria se les imputan delitos de cohecho, estafa en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad reportaje.

Además, asimismo fueron detenidas otras 2 personas en Madrid, que fueron puestas ese día en independencia.

Según se explicó hace unos días desde la Agencia Tributaria, en la presunta trama de estafa en la contratación de obra pública, el jefe del Servicio de Carreteras intervenía desde su condición de prominente funcionario en la preparación de promociones de licitadores específicos, emitiendo presuntamente una opinión arbitraria de los criterios subjetivos de opinión de promociones y expulsando a otros potenciales licitadores.

Para ello habría negociado costos, negociado los términos de las licitaciones con compañías concertadas y hecho empleo de información privilegiada.

Mediante la emisión de reportes especialistas y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una sucesión de compañías resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los estudiosos de la AEAT advirtieron rastros de un enriquecimiento económico del núcleo familiar mucho más próximo del funcionario.

De acuerdo con las indagaciones llevadas a cabo, el primordial investigado de la trama, en conjunto con su ambiente familiar, habría desarrollado un plan para ingresar en el circuito legal del dinero las "esenciales proporciones que recibía, de manera previsible, con apariencia de comisiones ilegales".

El órgano de gobierno de los jueces en Cantabria tratará este y otros
temas en la asamblea que festejará el viernes, 3 de marzo, desde las 12.30 horas.