SANTANDER, 27 de noviembre.

La Consejería de Fomento ha anunciado la apertura de un periodo de 30 días hábiles para la consulta pública del estudio de viabilidad económico-financiera y del anteproyecto relacionado con la carretera Requejada-Suances. Esta información se ha hecho oficial a través del Boletín Oficial de Cantabria publicado el día de hoy.

La presentación de este estudio al público no es solo una formalidad, sino una exigencia legal que precede a la fase de licitación de la obra, como han dejado claro fuentes del Gobierno a Europa Press.

Los interesados pueden acceder al anteproyecto en la Dirección General de Obras Públicas o a través del siguiente enlace: https://intercambio.cantabria.es/index.php/s/5ykQaVi2rgy7rdV.

Esta iniciativa ha suscitado ciertas críticas desde la oposición, no tanto por la construcción en sí, sino por el modelo de ejecución que ha decidido implementar el Gobierno (un sistema concesional de pago máximo por disponibilidad) y por el considerable costo, que asciende a 187,8 millones de euros. Esta suma incluye no solo los gastos de diseño y construcción, sino también 26 años de mantenimiento, una cifra destacada por el consejero Roberto Media (PP) en una reciente comisión parlamentaria.

El modelo de pago estipulado comenzará a aplicarse una vez que la infraestructura esté en funcionamiento, proyectándose en 7,2 millones de euros anuales.

En el estudio que se ha hecho público, el Gobierno argumenta que la elección del modelo concesional del pago máximo por disponibilidad se basa en su serie de ventajas objetivas en comparación con otras modalidades de contratación.

Entre estas ventajas, se menciona la reducción del riesgo fiscal y financiero para la Administración al no cargar completamente la financiación al presupuesto público, lo que permitiría liberar recursos para otras necesidades. Además, se transfiere gran parte del riesgo económico al sector privado durante la ejecución del proyecto.

El Gobierno argumenta que este enfoque mejora la eficiencia en la gestión del proyecto, ya que las empresas concesionarias, al encargarse de la gestión a largo plazo, tienen incentivos para optimizar costes, mejorar la operatividad y mantener la infraestructura adecuadamente para maximizar sus ingresos a lo largo de la concesión.

El traspaso de riesgos relacionados con la construcción, operación y mantenimiento a las empresas privadas también se considera una ventaja, evitando que la administración pública tenga que enfrentar problemas imprevistos durante la duración del proyecto.

Además, se sostiene que las concesionarias, al asumir la responsabilidad a largo plazo, pueden estar más incentivadas a incorporar nuevas tecnologías y métodos innovadores que hagan el proyecto más rentable y sostenible.

El informe también subraya que este modelo permitirá acelerar los plazos de ejecución. Al iniciar los pagos cuando se pone en servicio la infraestructura, el concesionario tiene el interés en finalizar la obra rápidamente, asegurando la calidad y el mantenimiento durante la vida útil del proyecto, lo que facilitará su entrega anticipada a los ciudadanos.

El estudio concluye que optar por un modelo concesional permite maximizar las ventajas del sector privado en eficiencia, innovación y capacidad de inversión, a la vez que minimiza el riesgo para las finanzas públicas.

Por último, se afirma que ejecutar esta obra en un plazo de tres años, como está previsto, sería inabordable para la administración con presupuesto ordinario sin afectar a otras iniciativas. Por tanto, la adopción del modelo concesional no solo es útil, sino imprescindible.