El juicio que investiga el polémico 'caso de los sobresueldos' en el Ayuntamiento de Castro Urdiales continúa su curso, con un total de 12 acusados, tras la reciente absolución del secretario municipal, César Saiz. Este martes se reinició la vista judicial donde se escucharon las declaraciones de los primeros testigos, destacándose la comparecencia del exinterventor del Consistorio, quien volvió a exponer lo que considera una situación de caos administrativo y manejo arbitrario de los recursos públicos.

El juicio, que se remonta a sucesos acaecidos entre 1991 y 2011, tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Cantabria y comenzó con la resolución de cuestiones previas, siendo desestimadas las peticiones de algunos defensores que solicitaban la suspensión del proceso. Un notable regreso fue el de la exconcejala acusada, Elisa Dopico, quien estuvo ausente durante la primera sesión por razones médicas. Asimismo, la Fiscalía fue objeto de críticas por el tiempo que tomó en presentar su escrito de acusación, un retraso de cinco años, aunque estas objeciones no fueron consideradas válidas por el tribunal.

Recientemente, el antiguo secretario César Saiz fue absuelto por prescripción del delito que alegaba haber cometido al intervenir en la contratación de su hija en el Ayuntamiento, un caso que resulta aislado en comparación con los demás acusados, quienes enfrentan cargos por delitos continuados. De igual forma, el funcionario Pedro Luis Arroyuelos, también absuelto en la primera sesión, fue exonerado por problemas de deterioro cognitivo, mientras que el exalcalde Rufino Díaz aún espera resolución sobre su situación debido a su estado de salud, previsto para su veredicto el miércoles próximo.

Los acusados han recibido autorización para ausentarse del juicio hasta el 5 de diciembre, cuando se espera que comiencen los testimonios en su defensa. En esta segunda sesión, el primer testigo en comparecer fue el exinterventor Fernando Urruticoechea, quien no escatimó en criticar la gestión anterior, denunciando la existencia de un sistema de trabajo desorganizado en el que la hija del secretario desempeñaba tareas sin la competencia necesaria, lo que generó una situación de "caos" en la administración.

El exinterventor describió hallazgos alarmantes, como "decenas de bolsas de basura" repletas de documentos y una evidente falta de control en la gestión de nóminas, donde él mismo había presentado numerosos reparos que cayeron en saco roto ante la administración. Señaló su desconcierto ante la idea de que, tras la llegada de un nuevo Gobierno en 2003, las cosas pudieran cambiar en pro de la legalidad, sin embargo, pronto se vio envuelto en una espiral de "contrataciones ilegales" y de acoso que le causaron problemas de salud.

Urruticoechea, en su testimonio, expuso que se recurría a tácticas típicas de administraciones corruptas, como el uso de "contrainformes", creando un clima de impunidad donde se aprobaban temas en el Pleno sin la debida fiscalización. Criticó también la entrega de complementos salariales que no deberían haberse acumulado y otras prebendas, creando un ambiente de "silencio cómplice" que favoreció prácticas mafiosas en el ámbito municipal.

Con la reciente decisión de continuar el juicio, el número de imputados en este escándalo ha pasado de 14 a 12. Los acusados enfrentan cargos por malversación de fondos públicos y prevaricación en un proceso que prevé16 sesiones en total, encaminadas a esclarecer las supuestas irregularidades en las contrataciones y los pagos indebidos en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Los concejales acusados, ocho en total, podrían enfrentarse a penas de cinco años de prisión y 18 años de inhabilitación por haberse alineado con los presupuestos de 2008 y 2009, ignorando las advertencias del interventor sobre pagos ilegales. A los exalcaldes se les reclama, según la Fiscalía, penas de hasta nueve años de prisión y 27 de inhabilitación.

Los implicados en este proceso incluyen a exconcejales como José Miguel Rodríguez, Elisa Dopico, y otros que ocupan su espacio en el Gobierno local, así como Rufino Díaz y Fernando Muguruza, quienes fueron alcaldes entre 1991 y 2011, junto con el funcionario Gregorio Alcedo, quien supuestamente cobró un complemento personal sin justificación.

De acuerdo al escrito fiscal, el exalcalde Rufino Díaz es señalado por haber ejercido su autoridad para realizar contrataciones arbitrarias, eligiendo personal a su discreción para posiciones clave en la administración sin un proceso de selección adecuado. Su sucesor, Fernando Muguruza, continuó con estas prácticas, llevando a cabo nuevas contrataciones sin la debida regulación, extendiendo estas irregularidades a otros sectores del Ayuntamiento.

El fiscal concluye que el Ayuntamiento de Castro Urdiales desembolsó de forma ilegal aproximadamente 120.000 euros entre 2002 y 2009 en conceptos como la bolsa de Navidad, otros 110.000 euros relacionados con el Coso Blanco, y 1,9 millones de euros por productividad al personal, entre 2000 y 2010, lo que demuestra una clara falta de control y transparencia en la gestión de los fondos públicos.

En consecuencia, los concejales procesados respaldaron los presupuestos de 2008 y 2009, desestimando los avisos del interventor sobre irregularidades en los desembolsos, lo que ha llevado a la actual crisis de confianza en la administración municipal.