• lunes 6 de febrero del 2023

Fiscalía y Colegio sostienen los 15 años de inhabilitación a Acayro por "dañar" a un letrado

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El magistrado se acoge a su derecho a no declarar y rechaza asimismo ejercer el de la última palabra en el juicio

SANTANDER, 18 Oct.

La Fiscalía y el Colegio de la Abogacía de Cantabria mantuvieron su solicitud de 15 años y un día de inhabilitación particular para el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, por un presunto delito continuado de prevaricación judicial, por dictar resoluciones "irracionales" para "perturbar" y "dañar" a un letrado -que se ha demandado contra él al lado de la entidad profesional-.

"Desde el primer instante hay un intento de perturbar, que entonces se transforma en el de dañar", ha concluido la gerente del ministerio público, Pilar Jiménez -fiscal superior de la zona -, en el juicio festejado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la red social contra el magistrado, que se ha acogido a su derecho a no declarar a las partes por cuestiones jurídicas.

Igualmente, Acayro Sánchez -suspendido provisionalmente de sus funcionalidades en el momento en que se abrió juicio oral y que ha pedido su traslado al País Vasco- no ha ejercido el derecho a la última palabra en el plenario, que quedó visto para sentencia tras prácticamente siete horas de avance en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, bajo la presidencia del presidente de este órgano, José Luis López del Moral, y conformada por los jueces Rubén López-Tamés y Clara Penín.

Tras la visión, acusaciones y defensa han alto a terminantes sus conclusiones, demandando asimismo al juez una multa de 12.000 euros y que indemnice con 5.000 por el perjuicio y daño ética provocado al letrado José María Real del Campo, que se querelló al lado del Colegio al comprender que Acayro Sánchez dictó resoluciones alejándose del objeto del desarrollo y con la intención de perjudicarle en 2 casos.

En el primero, y según las acusaciones, se centró en investigar la relación contractual del letrado con el Ayuntamiento de Castañeda mediante las facturas por el pago de servicios prestados; y en el segundo, por inferir testimonio a la Fiscalía contra el querellante por un presunto delito de falsedad reportaje en una causa en Alfoz de Lloredo.

Según la Fiscalía, los hechos por los que se atrae condenar a Acayro Sánchez quedaron "bastante probados" tal como las "cuestiones prevaricadoras" en su intervención en los dos métodos. Tras estimar "bastante extraño" o "irracional" diferentes actuaciones del magistrado, la fiscal superior ha censurado la "finalidad prospectiva" de su seguir contra el letrado, y dado que "nada" le hiciese "abandonar de su interés", que no era otro que "perturbar y ocasionar un perjuicio al letrado".

Una "finalidad que tenía desde el primer instante" y que a ojos de Jiménez se ve al investigar toda la "secuencia" de hechos en su grupo, de la que ha señalado que el magistrado "se separó del objeto" del trámite judicial "y se centró en investigar al letrado". "Estábamos focalizados en ese perjuicio", expresó. "Es incesante la actuación inquisidora", ha remachado para justificar la continuidad del delito.

La proposición del ministerio público fué suscrita por el Colegio de la Abogacía, representando por la letrada Carmen Sánchez Morán, para quien "tajantemente no" había "ninguna vinculación" entre las resoluciones del juez con el fin de los procesos que han desembocado en este litigio. "No tenía ninguna necesidad de investigar la contratación" del querellante con el Ayuntamiento de Castañeda, ha sostenido esta letrada, para censurar el "empecinamiento" del juez.

También ha considerado "irracional en el sentido mucho más grosero del término" el seguir de Acayro Sánchez cerca de la deducción de testimonio del querellante frente a la Fiscalía en la situacion de Alfoz. Según esta letrada, el magistrado conocía la protesta de sus sponsoreados, algo que "no le agradó nada" y adoptó una actitud de "venganza", caracterizada por la "irracionalidad y también ilegalidad".

Por su parte, el letrado defensor ha asegurado que "no hay delito de prevaricación" y ha censurado que las dos acusaciones "arduamente procuran un móvil inteligente" pues "si no, no tienen la posibilidad de crear la tipicidad del delito". Pero "aquí no hay ningún móvil inteligente", ha zanjado, para abundar que buscaron "cualquier cosa" que haya hecho el magistrado para "engordar la acusación".

"Han mirado todo con lupa y se eleva a la categoría de prevaricación", ha sostenido el gerente de Acayro Sánchez, para quien la demanda es "claramente una desproporción total y absoluta". Y es que él no valora "nada de especial" en diferentes actuaciones del juez, del que ha señalado que solicitó la deducción de testimonio frente a una escritura "mendaz" destacando en todo caso que hablamos de un "acto de arbitrio" de los jueces que "entra en la normalidad judicial" y que no debe producir "tanta suspicacia" como en un caso así

Así, su seguir en ese supuesto y en otros, para llenar un expediente administrativo, no fue por "exceso de celo" o "prospectivo", sino "es la mínima diligencia" a llevar a cabo. "¿Eso es prevaricación? Me semeja inaudito", se ha preguntado. "El delito de prevaricación es otra cosa", ha sentenciado. Con todo, ha cuestionado que de un "cúmulo de resoluciones no prevaricadoras sale una prevaricación en su grupo".

El juez se ha acogido a su derecho constitucional de no declarar por múltiples fundamentos, siendo el primordial de ellos -y conforme han explicado fuentes de la Defensa a esta agencia- que las acusaciones pública y especial se fundamentaban en documentación que "en ningún instante se incorporó en las diligencias". Se trata, por consiguiente, de una cuestión jurídica, en un juicio apoyado en pruebas reportajes, de índole del mismo modo jurídica, y en un jurisdicción -la contenciosa- donde la prueba primordial es el expediente administrativo.

Quien sí ha testificado es el letrado querellante, que explicó que al comienzo la relación con el magistrado era "habitual" hasta el momento en que en un instante particular comenzó a "tener inconvenientes" con él a causa de un recurso en el que fue "un tanto vehemente" y le "llamaba la atención" por una supuesta contradicción no contrastada.

A partir de ahí, "todo el interrogatorio se encontraba basado en mis facturas", ha señalado el querellante, para señalar que interpuso múltiples elementos contra "toda esa proviene de diligencias finales" y solicitó asimismo amparo al Colegio de Abogados, que trasladó la protesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través del TSJC.

Real del Campo se ha referido la actuación de Sánchez hacia él como "una suerte de 'te pondré en tu lugar'. Esa actitud del magistrado para transformarle en "personaje principal negativo de esos métodos en los que intervenía a la mínima ocasión" que tenía le han generado "mucha incomodidad, inquietud y preocupación".

El decano del Colegio de la Abogacía, Andrés de Diego, indicó que las peticiones de amparo de estos expertos frente a un magistrado es algo "inusual" y que en "jamás" antes la contestación había sido pleitear. El alcalde de Castañeda, Santiago Mantecón, ha proclamado que a causa del litigio decidió no contratar al querellante por el hecho de que "no era grato lo que había sucedido", si bien el Ayuntamiento prosiguió haciendo un trabajo con otros letrados.

El juez, que hace quince años fomentó una investigación por irregularidades urbanísticas en Castro Urdiales, ahora se sentó en el banquillo de los acusados evidentemente hallazgo y revelación de misterios de un constructor. Fue culpado por el TSJC a un año y tres meses de prisión y a tres años de inhabilitación absoluta, y absuelto por el Tribunal Supremo, que asimismo desechó su recurso contra el ascenso de López del Moral, cargo al que optó Acayro Sánchez.

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