El panorama laboral en Cantabria está en constante evolución, y las cifras de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reflejan un esfuerzo significativo para abordar las irregularidades en el mercado laboral. Durante los primeros diez meses de 2024, se ha detectado un total de 15,8 millones de euros en fraudes y sanciones, así como la conversión de 1.395 contratos temporales en indefinidos, lo que subraya la importancia de la vigilancia en este ámbito.

Los informes de actividad realizados hasta el 31 de octubre muestran que se han levantado 1.361 actas de infracción, acumulando un importe de 3,9 millones de euros. Esta cifra se complementa con liquidaciones a la Seguridad Social que ascienden a 6,3 millones y cerca de 5,6 millones en recaudación inducida, lo que pone de manifiesto el impacto de la labor inspectora en la economía regional.

La Comisión Operativa Autonómica de Cantabria, que incluye representantes tanto de la Delegación del Gobierno como del Gobierno regional, se reunió recientemente para analizar estos resultados y esbozar la dirección a seguir para el año 2025. Las áreas de competencia abarcan desde la prevención de riesgos laborales hasta las relaciones laborales y seguridad social, evidenciando la amplitud de la misión de la Inspección en la comunidad.

Durante una rueda de prensa celebrada, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, junto con el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y el director territorial de la Inspección, Miguel Ángel Gálvez, presentaron los datos que revelan un panorama complejo pero manejable. Resaltaron que las irregularidades más comunes se relacionan con promovidos incumplimientos en la Seguridad Social, siendo la falta de contrato laboral la infracción más habitual en la región.

No obstante, los datos son alarmantes: 383 infracciones han sido detectadas en el área de la Seguridad Social, con acarreadas sanciones que superan 1.145.000 euros. Estos incumplimientos han repercutido en la vida de 648 trabajadores que, gracias a las inspecciones, han visto mejorar su situación laboral. Se han cerrado 1.236 expedientes relacionados con el no alta en la Seguridad Social, diferencias en cotización, y fraudes en prestaciones.

Además, dentro del marco de Economía Irregular y Extranjería, la Inspección ha identificado 85 infracciones, con sanciones que alcanzan 706.733 euros. De este número, se han gestionado 524 expedientes que revelan la preocupante tendencia de falta de permisos de trabajo adecuados y simulaciones de contratos laborales, que facilitan el acceso fraudulento a prestaciones para ciudadanos extranjeros extracomunitarios.

Dentro de los poderes autonómicos, las infracciones en Prevención de Riesgos Laborales han aumentado un 38% en comparación con el año anterior, indicando una intensificación de la actividad inspectora en este ámbito. Se han llevado a cabo 5.461 actuaciones, resultando en 498 sanciones que superan 1,4 millones de euros, siendo la falta de formación uno de los principales motivos de infracción.

Por otro lado, en el sector de Empleo y Relaciones Laborales, las inspecciones han resultado en 1.712 actuaciones, de las cuales 349 derivaron en infracciones con multas acumuladas de 421.488 euros. La revisión de contratos permitió transformar 1.395 en indefinidos, lo que resalta los esfuerzos para asegurar la estabilidad laboral en la región.

Además, el consejero de Empleo ha apuntado el incremento del 127% en denuncias y solicitudes de informes a juzgados, lo que denota un creciente compromiso por parte de los trabajadores y sindicatos en la defensa de sus derechos. Esta tendencia, sin duda, es favorecida por la labor constante y meticulosa de la Inspección.

La delegada del Gobierno ha enfatizado que estos datos reflejan el arduo trabajo de la Inspección para garantizar la protección de todos los trabajadores y la legalidad de las prácticas empresariales. Esto no solo preserva los derechos de los trabajadores, sino que también es crucial para combatir la competencia desleal que afecta a las empresas que operan legítimamente.

Mirando hacia 2025, se prevé un despliegue de 7.300 órdenes de servicio con un especial énfasis en campañas de prevención de riesgos laborales, así como un enfoque renovado en las plataformas digitales y nuevas ocupaciones, tales como la instalación de placas solares. Las preocupaciones sobre los riesgos cancerígenos y la exposición al gas radón también se señalan como áreas de atención prioritaria.

Las plataformas digitales son de especial interés para la Inspección, considerando que han generado trabajos para una cantidad considerable de personas en Cantabria, produciendo al mismo tiempo un aumento en las infracciones laborales relacionadas con accidentes en desplazamientos y casos de falsos autónomos.

Asimismo, las acciones contra la Economía Irregular se centrarán en el momento de combatir el trabajo no declarado y las prácticas fraudulentas que no solo afectan a los derechos de los trabajadores, sino que también impactan negativamente en el entorno económico equitativo entre empresas. La Inspección continuará con sus esfuerzos para asegurar la igualdad en el lugar de trabajo, prestando especial atención a situaciones de acoso, conciliación familiar y cualquier forma de discriminación en el acceso a empleo.