SANTANDER, 26 de noviembre.

Este miércoles, el Ejecutivo de Cantabria ha dado luz verde a un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo dentro de la comunidad autónoma.

La iniciativa implica una modificación de la Ley de Reconocimiento, Homenaje, Memoria y Dignidad a las Víctimas del Terrorismo, lo que permitirá mejorar tanto los objetivos como el alcance de las indemnizaciones, beneficiando así a un mayor número de víctimas y sus familias.

El Gobierno regional solicitará al Parlamento local que esta ley se tramite de forma urgente y en lectura única, considerando que el proyecto es sencillo y directo. Esta modificación ha sido consensuada con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), cumpliendo así una proposición no de ley que fue aprobada anteriormente por la propia Cámara.

La enmienda a la Ley 1/2023, que ha sido ratificada en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, incluye la posibilidad de que los herederos de aquellos que tenían derecho a indemnización, pero que fallecieron antes de que la ley entrara en vigor, puedan acceder a estas ayudas. Esto aplicará a cónyuges y a personas con vínculos similares, así como a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Además, el texto amplía el número de situaciones que pueden ser consideradas para el otorgamiento de indemnizaciones, abarcando también a víctimas de secuestros y amenazas por parte de grupos terroristas. Esto se aplicará a aquellos que, debido a estas circunstancias, se vieron obligados a establecer su hogar en Cantabria.

Para facilitar la aplicación de este artículo, se han fijado nuevos criterios de empadronamiento, especificando la fecha de cambio de residencia y los límites de este empadronamiento hasta la entrada en vigor de la anterior ley autonómica.

No obstante, será necesario cumplir con otros requisitos legales para recibir las indemnizaciones, así como el reconocimiento previo de la condición de víctima por parte del Ministerio del Interior.

El proyecto de ley está estructurado en seis artículos, junto con una disposición transitoria y otra final.

Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, ha destacado el avance dado por el Gobierno regional en la búsqueda de una “reparación integral” para las víctimas del terrorismo, subrayando la “deuda” que la sociedad cántabra tiene con quienes padecieron estas atrocidades y sus familiares.

Según Urrutia, Cantabria se ha convertido en un referente en el apoyo a este colectivo a través de asistencia económica, material y moral. Puntualizó que su administración ha sido pionera en establecer una dirección dedicada a la protección de las víctimas del terrorismo, así como un programa presupuestario exclusivo para esta causa.

La consejera también resaltó que se han cumplido en plazos muy ajustados las medidas de carácter económico y de homenaje señaladas en la ley, la cual lleva en vigor apenas dos años.

En este corto período, se han aprobado indemnizaciones iniciales para 35 víctimas, cuyo monto total supera los 1,3 millones de euros, y que ahora podrán beneficiarse de la nueva legislación.

Asimismo, el Gobierno cántabro ha llevado a cabo actos de homenaje y ha instaurado distinciones autonómicas, como la Medalla de Cantabria para las víctimas del terrorismo, que han sido otorgadas a un total de once personas y entidades, y que en 2026 se celebrará su tercera edición.

Por último, Urrutia enfatizó que todos estos progresos en favor de un “apoyo integral” a las víctimas han sido posibles gracias a la colaboración con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), y subrayó la importancia de la participación ciudadana durante el proceso de elaboración de la nueva norma.