La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha señalado que la problemática de El Puntal no radica en la masificación turística, sino más bien en conductas incívicas que se han popularizado, como el desafortunado reto de defecar en lugares públicos. Este comentario surge tras recientes incidentes en la playa de Somo, donde aglomeraciones masivas han ocasionado preocupación entre las autoridades locales.

Con el objetivo de abordar esta situación, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar se reunieron el miércoles para planificar una respuesta conjunta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria. Buscan que se refuercen las medidas de seguridad para manejar las concentraciones no autorizadas que han causado disturbios, como el macrobotellón que tuvo lugar el fin de semana anterior.

Buruaga enfatizó la urgencia de actuar ante estas concentraciones ilegales, que ya son un fenómeno recurrente. “No se puede ignorar el problema ni excusarse diciendo que no es responsabilidad de uno”, advirtió la presidenta, insistiendo en que la intervención de la Delegación del Gobierno es crucial para restablecer el orden público y garantizar la seguridad en la región.

Los representantes del Gobierno regional, incluyendo los consejeros de Fomento y Desarrollo Rural, enviaron una carta a la Delegación donde expresan su inquietud por las fiestas masivas en El Puntal, que generan ruido, suciedad y alteran la tranquilidad de este espacio natural protegido. Un fenómeno que ha ido en aumento durante los últimos dos años y que, según ellos, requiere una atención seria y concertada.

El alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, reafirmó que el municipio no dispone de los recursos necesarios para gestionar estas aglomeraciones de manera adecuada, lo que agrava la situación. En este contexto, han rechazado la opción de contratar seguridad privada, ya que solo se aplica a eventos autorizados, y enfatizan que estas concentraciones son ilegales por su naturaleza.

Han recordado que en situaciones similares, como en Castro Urdiales en 2021, se destinaron destacamentos de la Guardia Civil para controlar las multitudes. "No es justo que El Puntal, siendo un área de especial protección, tenga que tolerar este tipo de comportamiento irresponsable de la juventud", manifestaron los líderes locales.

La presidenta también recalcó que la responsabilidad de asegurar la seguridad y el orden público recae en la Delegación, que debe abordar esta crisis a la mayor brevedad posible. "No podemos permitir que se repitan estos episodios que, además, dañan la imagen y la reputación turística de Cantabria", advirtió.

En su intervención, Buruaga explicó que se requieren medidas preventivas como vigilancia y sanciones para mitigar estos comportamientos. Se mostró confiada en que, con la determinación adecuada, la situación puede resolverse rápidamente si se actúa con el sentido de urgencia que merece.

Finalmente, la presidenta indicó que su administración está trabajando en una legislación más amplia para regular el uso de espacios naturales, un esfuerzo que incluye la próxima aprobación de una ley sobre transporte marítimo. Subrayó la importancia de preservar El Puntal como un lugar de disfrute y convivencia, afirmando que todas las acciones deben enfocarse en la prevención y control, evitando llegar a la prohibición como primera medida.