La consejera de Justicia, Paula Fernández, se compromete a llevar a cabo en oposición al retardo de temas y trámites ocasionados por la huelga

SANTANDER, 7 Feb.

La consejera de Justicia, Paula Fernández (PRC), y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, han expresado su preocupación por los efectos que tiene la huelga de letrados de Justicia y han apelado al "diálogo" en medio de estos expertos y el Ministerio que dirige Pilar Llop para terminar con el enfrentamiento "a la mayor brevedad".

Así lo hicieron este martes antes de la asamblea de la Comisión Mixta entre las dos instituciones, que se ha festejado en el Complejo Judicial de Las Salesas, en Santander, donde, por ejemplo cuestiones, han abordado las secuelas que tiene en la actividad judicial de Cantabria esta huelga que se viene construyendo en todo el país, y asimismo en la red social, desde el pasado 24 de enero.

La consejera ha señalado que están "muy preocupados" por el retardo de temas gracias a esta huelga que perjudica a un servicio público como la Justicia y que, por consiguiente, está repercutiendo en los ciudadanos, según informó en un aviso el Ejecutivo regional.

Fernández indicó que el Gobierno cantabrio ahora "está pensando en el día siguiente" de la finalización de la huelga y mostró su deber para planear y poner los medios precisos, en colaboración con el resto de colectivos judiciales, y realizar frente, de este modo, a la sobrecarga de trabajo y al retardo en los temas amontonados por esta huelga, como ocurrió previamente en tiempo de pandemia.

Y es que, con datos cerrados hasta ayer otorgados a Europa Press por Julio Antolín, encargado en Cantabria del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, entre los tres colectivos convocantes, la huelga ha causado en Cantabria el postergamiento de sobra de 600 actos que se efectúan con presencia judicial bajo la fe pública de estos expertos (juicios, afirmaciones de investigados o perjudicados...).

Además, el número de solicitudes atentos de repartir desde el principio de la huelga superaba ahora ayer el millar y los escritos atentos de proveer desde ese momento se ha aumentado en 2.300, sumándose a los 13.000 que había antes del comienzo de los paros.

Además de este tema, en la asamblea se ha repasado la situación y proyectos de la Administración de Justicia, entre ellos, la implementación de los fondos de europa Next Generation en la justicia cantabria, la creación de novedosas entidades judiciales y la extensión de la mediación intrajudicial en Cantabria.

Respecto a este último tema, la consejera de Justicia informó del propósito del Gobierno cantabrio de prolongar el sistema de mediación intrajudicial a los juzgados de Torrelavega, ahora implementado en múltiples órganos judiciales de Santander.

Según datos del último año, el año pasado se logró que el 30 por ciento de los temas que se sometieron al desarrollo acabaran en un convenio entre las partes, una estadística que en este momento desea agrandar la Consejería de Justicia en el segundo partido judicial de Cantabria mucho más
esencial por número de pobladores.

Otro de los temas abordados tiene relación a las novedades tecnológicas en la Administración judicial y el desempeño del sistema de administración procesal Vereda.

El Gobierno de Cantabria va a contar hasta 2023 con un total de 7 millones que vienen de los fondos de europa NextGenerationEU que van a ir premeditados a innovación tecnológica y a los proyectos de digitalización de la Administración de Justicia, cuya ejecución y avance de los distintos programas se extenderá hasta noviembre de 2025.

En esta inversión se tienen dentro los 3 millones de inversión, de un montante total de diez millones, que se van a repartir por ejemplo tres autonomías que distribuyen el sistema de administración procesal
Avantius -llamado Vereda en Cantabria- (País Vasco, Aragón y Navarra), para asegurar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas usados en los juzgados.

Por último, la Comisión Mixta entre el Gobierno Cantabria y Poder Judicial ha analizado las acciones que se van a llevar a cabo para realizar la Ley Orgánica diez/2022 de garantía integral de la independencia sexual.

Esta regla va a implicar, conforme han explicado, remarcar los medios de las Oficinas de Asistencia a la Víctima para el acompañamiento a las víctimas que lo pidan en todo el proceso, tal como la elaboración de protocolos de detección, atención y también intervención o derivación de las violencias sexuales que aseguren una actuación global,
ordenada y también integral de las diferentes gestiones públicas.