El Gobierno de Cantabria (PP) ha denunciado que la fiscalidad y la "inestabilidad regulatoria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez están "poniendo en peligro" la viabilidad de inversiones estratégicas para la comunidad como la ampliación de la central de bombeo de Aguayo, proyecto impulsado por Repsol con más de 600 millones de euros de presupuesto.
El consejero cántabro de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha expresado su preocupación después de que Repsol amenazara con sacar sus proyectos industriales de España debido a la intención de PSOE y Sumar de hacer permanente el impuesto a las energéticas.
Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado que este gravamen "podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España". Además, considera que el impuesto "castiga" a las compañías que invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética, mientras que "favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España".
Eduardo Arasti ha destacado la importancia del proyecto de Repsol para la ampliación de la central de Aguayo, ya que no solo es clave para la comunidad autónoma, sino que también es una infraestructura "crucial" para los objetivos de descarbonización. Incluso la Comisión Europea ha propuesto su inclusión en la lista de Proyectos Europeos de Interés Común (PCI), lo que conllevaría "importantes ventajas" en términos de acceso a financiación europea.
Conocido como 'Aguayo II', el proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 636 millones de euros y se convertiría en la mayor inversión de la historia de Cantabria. El objetivo es incrementar en 1 gigavatio (GW) la capacidad instalada de la actual central de bombeo y elevarla hasta un total de 1,4 GW, convirtiéndose en la segunda más grande de España en sus características.
Arasti ha destacado que la ampliación de la central de Aguayo impulsará el desarrollo industrial y el empleo en la región, con puntas de hasta un millar de personas en las obras. Además, considera que será "un revulsivo extraordinario" para la economía de Cantabria. Por tanto, ha pedido al Gobierno de España que evite poner en riesgo la viabilidad del proyecto con decisiones regulatorias que generen inseguridad y falta de estabilidad.
El consejero ha advertido que el proyecto corre un serio peligro si se consuma el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar para mantener el impuesto extraordinario a las energéticas, el cual inicialmente se estableció para un marco temporal de dos años.