Crónica Cantabria.

Crónica Cantabria.

Inauguración inminente de la Oficina de Apoyo a Víctimas de Ocupación tras la selección de un nuevo asesor.

Inauguración inminente de la Oficina de Apoyo a Víctimas de Ocupación tras la selección de un nuevo asesor.

El Gobierno de Cantabria ha iniciado un paso significativo en la protección de los ciudadanos afectados por la ocupación y la falta de viviendas. Se ha anunciado la pronta inauguración de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, que contará con un asesor jurídico para guiar a los ciudadanos que se encuentren en esta situación. Además, se habilitarán líneas de comunicación directa, tanto por teléfono como por correo electrónico, para ofrecer apoyo personalizado a los vecinos que enfrenten estos problemas.

Roberto Media, consejero de Vivienda, fue claro al rechazar la propuesta del Gobierno central sobre la declaración de zonas tensionadas, afirmando que esta medida no será implementada en Cantabria "ni ahora ni nunca". Según Media, la propuesta es extremadamente perjudicial para los ciudadanos y no mejorará la situación de la vivienda en la región.

Estas declaraciones se realizaron durante la celebración de la décima edición de los Premios Trainera, un evento organizado por Afilia Inmobiliarias en el Casino de El Sardinero. En su discurso, Media destacó los esfuerzos actuales del Gobierno regional para expandir la oferta de vivienda y atender la creciente demanda de estos servicios, señalando la inminente aprobación de una nueva Ley de Vivienda que ha sido desarrollada con la colaboración del sector inmobiliario.

El consejero también subrayó la importancia de reactivar la construcción de viviendas de promoción pública para alquiler asequible. Las políticas implementadas incluyen ventajas fiscales, un aumento en las ayudas para alquiler, y agilidad en los trámites administrativos, todo respaldado por la nueva legislación que se espera sea aprobada pronto.

Entre las iniciativas que contempla esta ley, se halla la creación de un modelo de colaboración entre el sector público y privado para incrementar la disponibilidad de viviendas en el mercado. Esta estrategia ya está en marcha con la construcción de 212 viviendas para alquiler asequible en seis municipios, cuyos planes están listos para ser aprobados por los ayuntamientos pertinentes y comenzar las obras de inmediato.

Además, la nueva normativa reintroducirá el concepto de vivienda a precio tasado, dirigido a aquellos con ingresos que no les permiten acceder ni a viviendas protegidas ni al mercado libre. También se incluirán incentivos para movilizar viviendas vacías junto con un Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (RAUVS) que integrará datos sobre la oferta, demanda y suelo destinado a vivienda protegida.

Otra de las propuestas es declarar una emergencia habitacional para quienes hayan perdido su hogar a causa de incendios u otras calamidades, garantizando acceso inmediato a ayudas y vivienda protegida para los trabajadores de servicios básicos, especialmente en áreas rurales.

Media también destacó el nuevo Registro de Agentes Inmobiliarios de Cantabria, con el que se buscará garantizar la calidad y transparencia en el sector. Este registro, que será voluntario, tiene como objetivo proteger a los consumidores y proporcionar una base sólida a los agentes inmobiliarios.

El consejero definió la nueva Ley de Vivienda como una herramienta "ambiciosa" y "esencial" diseñada para crear una Cantabria más activa en el ámbito de la vivienda y urbanismo. La intención es proteger a los propietarios y facilitar el uso de viviendas en alquiler para aumentar el inventario de viviendas protegidas.

Media hizo un llamado a los partidos políticos para que colaboren y avancen en la aprobación de esta ley, enfatizando la importancia de priorizar los derechos de los propietarios en lugar de los okupas, una distinción que, según él, falta en la legislación nacional.

Por último, el consejero expresó su preocupación ante el presupuesto de Cantabria para el año 2026, criticando la oposición por su negativa a apoyar las cuentas, algo que considera irresponsable y que amenaza el desarrollo de las políticas y medidas reflejadas en el documento económico para el próximo año.