En un desarrollo reciente, un acuerdo entre las partes ha permitido que la acusada reconozca los hechos que le son imputados, resultando en una notable reducción de las penas inicialmente solicitadas.

SANTANDER, 7 de octubre.

Este martes, la Audiencia Provincial dictó sentencia contra una auxiliar de enfermería del Servicio Cántabro de Salud (SCS), imponiéndole una pena de un año y nueve meses de prisión, así como una multa de 1.680 euros, tras comprobaciones de que consultó el historial clínico de su exmarido en 16 ocasiones sin su autorización.

Además de la pena privativa de libertad, la acusada ha sido inhabilitada para ejercer su profesión durante un periodo de cinco años y nueve meses.

Justo antes de que se iniciara el juicio en la Sección Primera de la Audiencia, se acordó entre las partes un pacto que después fue ratificado, en el cual la acusada admite los delitos que se le imputaban, específicamente el de descubrimiento y revelación de secretos.

Como resultado de este acuerdo, las penas solicitadas inicialmente por el fiscal y la parte acusadora fueron reducidas gracias a la atenuante por reparación de daño, dado que la acusada abonó 6.000 euros como compensación civil a su exmarido.

La sentencia es definitiva, ya que todas las partes han confirmado su intención de no recurrirla.

Asimismo, se planteó la posibilidad de suspender la pena de prisión bajo la condición de que la acusada no delinque durante los próximos dos años, aunque la Sala se pronunciará sobre esta solicitud en un auto posterior.

De acuerdo con los hechos aceptados, la acusada, al ser consciente de su obligación de confidencialidad como profesional de la salud, accedió al historial médico de su exesposo utilizando sus claves personales. Este acceso se realizó sin el conocimiento ni consentimiento del afectado, y además, sin que existiera una razón asistencial que justificara tal acceso.

La acusada realizó trece accesos en un día y tres más al siguiente, usando la información obtenida en su contra en procesos judiciales que mantenía con su expareja.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una pena de tres años y tres meses de encarcelamiento, con una multa de 7.920 euros y una inhabilitación absoluta de doce años. Por su parte, la acusación particular exigía seis años y tres meses de prisión, 8.640 euros de multa y también una inhabilitación de doce años, además de una compensación civil de 2.000 euros al perjudicado.

Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado, estas severas penas han sido considerablemente atenuadas.