Una jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha solicitado un informe a la Comandancia después de que se presentara una denuncia contra un coronel de la Guardia Civil por no investigar un posible delito de extorsión. El denunciante alega que el coronel utilizó su placa para no pagar en un burdel de la región. El archivo provisional de la denuncia ha sido recurrido por los denunciantes.

Por otro lado, la magistrada del órgano judicial número 5 ha decidido abrir diligencias indeterminadas y enviar el caso a la Fiscalía para que informe sobre la admisión de otra denuncia relacionada con los hechos anteriores. Esta denuncia se dirige contra el coronel jefe de la Benemérita en la comunidad autónoma por no realizar ninguna investigación al respecto.

Como resultado de estas acciones, la jueza ha pedido a la Comandancia que presente un informe en un plazo de diez días sobre esta denuncia y el presunto incumplimiento del deber de perseguir delitos. También se le ha solicitado que envíe una copia de los expedientes relacionados con estos hechos.

Este hecho se ha dado a conocer a través de una providencia y varios autos a los que ha tenido acceso Europa Press. Además, diversas fuentes jurídicas y de los denunciantes, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también han informado sobre estas denuncias.

Las resoluciones judiciales han sido emitidas por ambos magistrados durante este mes, y las denuncias fueron presentadas a mediados de julio pasado.

Una de las denuncias se dirige contra el agente, que supuestamente es miembro de la Agrupación de Tráfico, y que presuntamente se identificó como tal para que le devolvieran 50 euros que había pagado en un club de alterne de la comunidad autónoma. El denunciante alega que el agente no estaba satisfecho con los servicios recibidos. El caso fue asignado al Juzgado número 1, a cargo del juez Jaime Parra. El juez concluyó en un auto que "no hay pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito que dio lugar a la formación del caso", y por eso se archivó provisionalmente. Sin embargo, este archivo ha sido recurrido por la agrupación profesional.

La segunda denuncia, que fue asignada al Juzgado de Instrucción número 5, se presentó contra el coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Antonio Orantos, por presunta omisión del deber de perseguir delitos, en relación con la investigación del agente que reclamó el pago en el burdel. También se incluyó en la denuncia a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y al teniente general Félix Jesús Blázquez González, que fue nombrado en mayo para el Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, que supervisa la Comandancia de la región.

La jueza titular del Juzgado número 5, Mercedes Compostizo, decidió abrir diligencias indeterminadas y enviar el caso a la Fiscalía para que informe sobre la admisión de la denuncia y, en caso afirmativo, sobre el juzgado competente, el procedimiento a seguir y las diligencias a realizar.

Como parte de estas actuaciones, ha solicitado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria que presente un informe sobre esta denuncia y envíe copias de los expedientes relacionados con los hechos.

Aunque se ha emitido un auto del Juzgado número 1 que archiva provisionalmente la denuncia por presunta omisión del deber de investigar, atribuida a la jueza del Juzgado número 5, fuentes judiciales han explicado que se trata de un error debido a problemas con el registro, que ha provocado que las causas se ingresen de forma duplicada y sean asignadas a dos órganos judiciales diferentes.