En Santander, el 3 de diciembre, se ha suspendido un juicio que implicaba a una pareja de ejecutivos acusados de defraudar 75.000 euros a una cantante a la que representaban. La audiencia, que estaba programada para este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria, no pudo llevarse a cabo debido a la ausencia de la acusada, quien se encuentra hospitalizada por problemas de salud.

El tribunal, perteneciente a la Primera Sección, ha decidido reprogramar la sesión para el 18 de marzo de 2026 a las 9:30 horas. En un giro significativo, la corte ha ordenado la confiscación del pasaporte de la acusada hasta la nueva fecha del juicio. Esto se ha decidido para prevenir un posible intento de fuga, dado que la acusada posee doble nacionalidad, española y peruana, y es la segunda vez que se posterga la vista debido a motivos que le son atribuibles.

Esta medida fue solicitada por la fiscalía, que recibió apoyo tanto de la acusación particular como de la defensa. El tribunal ha establecido que la acusada debe entregar su pasaporte en un juzgado cercano a su residencia en Barcelona, donde posteriormente se enviará a la Audiencia de Cantabria.

La fiscalía sostiene que los acusados abusaron de la confianza depositada en ellos por la artista y su madre, quien también actúa como su agente. Engañaron a las mujeres haciéndoles creer que estaban a punto de firmar un contrato con una discográfica, lo que llevó a las víctimas a transferir un total de 75.322 euros a lo que creían que era una cuenta de la compañía musical, cuando en realidad era propiedad de los acusados.

Al contactar con la discográfica, las mujeres descubrieron que el monto que se había pagado por sus servicios era notablemente menor, solo 29.000 euros, y que el contrato nunca se concretó debido a incumplimientos por parte de los ejecutivos. La fiscalía considera que este caso se trata de una estafa agravada, con una agravante de reincidencia para el acusado masculino, quien ya había sido condenado por un delito de estafa anteriormente.

Las penas solicitadas por el ministerio público son de cuatro años de prisión y una multa de 3.600 euros para el hombre, y dos años y 2.400 euros para la mujer. Además, se exige que ambos indemnizan a las afectadas con el total de 75.322 euros.

La acusación particular, que representa a la artista, plantea una solicitud que coincide con la del ministerio público: cuatro años de cárcel y una multa de 4.500 euros para cada uno, además de indemnizar a las víctimas con la cantidad previamente mencionada.