• viernes 07 de octubre del 2022

Juzgan a un acusado de emular operaciones para eludir el pago de una deuda de prácticamente 2 millones con Hacienda

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El fiscal solicita tres años de prisión y la Abogacía del Estado lo eleva a cinco

SANTANDER, 18 Sep.

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará la semana próxima al gestor único de una mercantil acusado de servirse de un entramado de testaferros y sociedades, asimismo acusados, para emular operaciones que le dejaran eludir el pago de una deuda con la hacienda pública, hechos por los que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 3,5 euros.

Según el escrito del Ministerio público, la mercantil de la que era gestor único el primordial acusado tenía una deuda con Hacienda derivada de una reducción de capital y debía entrar un IVA por importe de 1,73 millones de euros.

Así, "con el manifiesto designio de eludir el pago de la cuota tributaria adeudada", el acusado al lado de otra gente simuló la adquisición de múltiples inmuebles por la parte de su compañía, "de manera que a través de el libramiento de las facturas que corresponden a las presuntas ventas aparezca esa sociedad con un IVA permitido de 1,62 millones de euros, agregando el resto de cantidad en término de IVA por trabajos de intermediación".

De ese modo, el primordial acusado "ha podido compensar todo el importe y no entrar cantidad alguna, con conocido perjuicio para las arcas públicas", añade la Fiscalía.

En las operaciones de compraventa "no hay pagos efectivos", "no se fijan con nitidez ni proporciones ni medios de pago documentados, lo que prueba que hablamos de un carrusel de operaciones falsas destinadas únicamente a aflorar un IVA permitido" por la mercantil por un montante de 1,62 millones de euros.

La Fiscalía considera los hechos un delito contra la hacienda pública que imputa al primordial acusado como creador material y a otros 2 acusados como colaboradores precisos. Para el primero solicita una lástima de tres años de prisión y 3,5 millones de euros de multa, y para los otros 2, un par de años de prisión y 500.000 euros de multa. También aparecen como acusadas cinco sociedades mercantiles, para las que demanda del mismo modo una multa de 3,5 millones de euros.

Además, solicita que ninguno de ellos logre conseguir ayudas o subvenciones públicas y disfrutar de provecho o incentivos fiscales en el transcurso de un período de 4 años.

En término de compromiso civil, cree que tienen que indemnizar a la hacienda pública en 1,73 millones de euros.

Por su parte, el letrado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considera los hechos un delito fiscal agravado en certamen con un delito continuado de falsedad en archivo mercantil.

La pena pedida por la Abogacía del Estado para el primordial acusado es de cinco años de prisión, 8,2 millones de euros de multa y pérdida de la oportunidad de conseguir subvenciones o provecho públicos a lo largo de siete años.

También solicita para él que sea inhabilitado para desarrollar cargos de administración o representación en compañías a lo largo de cinco años.

Para los otros 2 acusados, la pena pedida que demanda es de 4 años, multa del triple de lo defraudado, pérdida de subvenciones y provecho públicos a lo largo de seis años y también inhabilitación para administrar o representar compañías.

Junto a ello, pide para la mercantil del primordial acusado una multa de 8,2 millones de euros, y para las otras 4, del triple de las cuotas defraudadas.

El juicio empezará este martes 20 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, a las 9.30 horas, y está sosprechado que contínue el miércoles.

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