• lunes 05 de diciembre del 2022

La AP tiene dentro la testifical del alcalde de Santoña a la causa de Puerto Gallego

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Asimismo acepta prueba reportaje pedida en el recurso de las defensas tras ser rechazada por la jueza de lo Penal 1 de Santander en la visión

SANTANDER, 4 Oct.

La Audiencia de Cantabria ha acordado integrar la práctica de novedosa prueba testifical y reportaje pedida por las defensas de la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego (PSOE) y los ocho concejales de su aparato de gobierno inhabilitados por prevaricación administrativa en su etapa en el Ayuntamiento, por fraccionar contratos.

Así, la Sección Primera de la AP ha recibido la declaración como testigo del presente regidor, el socialista Sergio Abascal, rechazada por la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Santander al comienzo de la visión oral, tal como distintos documentos, relacionados con la contratación pública llevada a cabo en el momento en que los procesados estaban en el Consistorio y expedientes de compañías que prestaban servicios.

La Sala toma esta resolución en una coche, al que tuvo ingreso Europa Press, en el que acepta la prueba reclamada por las defensas en el recurso interpuesto tras el fallo condenatorio, y que se incorporará de esta manera a la practicada a lo largo del plenario, festejado en el mes de noviembre del año pasado en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas.

Gallego fue sentenciada a cinco años de inhabilitación particular -para cargo público en la administración local- al tiempo que sobre sus ediles socialistas -acusados del mismo modo por aprobar unánimemente el pago de facturas más allá de los reparos del interventor- recayeron 4 años de inhabilitación para desempeñar esos puestos o los de regidor, teniente de alcalde o algún otro electivo en el ámbito municipal.

La resolución de la Audiencia Provincial, dictada a fines del ya transcurrido mes de septiembre, admite la testifical del primer edil de la Villa, y que fue rechazada por la juez de instancia. Según los apelantes, Abascal podría hablar del accionar de los enjuiciados a lo largo del periodo de tiempo de los hechos enjuiciados, puesto que formaba una parte del Ayuntamiento en ese instante y siguió después.

Y acepta además de esto la prueba reportaje interesada por los letrados defensores, que asimismo procuraron aportarla en el arranque del plenario pero a la que del mismo modo se opuso la jueza.

Los documentos en cuestión versan sobre contratación pública llevada a cabo mientras que los condenados formaban una parte del Consistorio santoñes, tal como un trabajo al mismo a fin de que se remitan expedientes de contratos con ciertas compañías o la fecha desde la que prestaban servicios municipales.

Tienen que ver asimismo con cuestiones mucho más específicas, tal y como si los recurrentes participaron solo en ciertas juntas de gobierno o lo hicieron en mucho más, y otros extremos de los convocados expedientes, como el tiempo usado en la tramitación de exactamente los mismos o si hubo causas -ordinarias o poco comúnes- que lograron influir en un retardo.

"La ley no impone un período preclusivo para la aportación de documentos, menos aún a la defensa", resalta la Sala, para añadir que "no se comprende rechazo de una prueba iniciativa correctamente y sin razón para esto".

La sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Santander, dictada un par de días tras la visión, fue recurrida frente a la Audiencia Provincial de Cantabria por todos y cada uno de los procesados, alegaciones que no avisaron en su integridad hasta primavera.

La titular del mencionado órgano judicial concluyó que todos ellos "eran siendo conscientes de la arbitrariedad de sus resoluciones" tal como que "la ilegalidad era clara". Apreció la atenuante de dilaciones incorrectas muy cualificadas en esta causa, vista prácticamente veinte años tras las primeras irregularidades advertidas y tras mucho más de una década de instrucción.

La investigación partió de una demanda del exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila por actuaciones cometidas entre 2003 y 2009. A esta acusación especial, que solicitaba nueve años de inhabilitación para todos y cada uno de los implicados, se sumó después el PP, que interesaba ocho años, exactamente los mismos que el fiscal -para cargo o empleo público asimismo- al comprender que la prevaricación fue "muy clara". De su lado, ámbas defensas de los acusados solicitaban la libre absolución de todos ellos.

La vista, señalada en un inicio en 2019, se suspendió al faltar cinco cajas de documentación con mucho más de 6.000 folios. La causa regresó al Juzgado de Santoña y el juicio se programó en el mes de abril de 2020, pero tampoco se ha podido festejar por el Covid, ni en el último mes del año de ese año por inconvenientes de agenda de los letrados.

Vistos los hechos, la juez los consideró probados y constitutivos del delito continuado de prevaricación administrativa, repasando en la sentencia varios de los "múltiples" pactos adoptados "unánimemente" en las comisiones de gobierno local de Santoña mediante las que corresponden actas.

Destacó en la resolución que a pesar del reparo de la Intervención se aprobaron facturas a distintas compañías -esencialmente 4- que prestaban servicios municipales (de limpieza o cuidado) o realizaban diferentes recursos, incurriendo de esta forma en un "fraccionamiento" del objeto del contrato. Fueron costos de carácter "periódico y/o repetitivo" que "carecían" de los que corresponden expedientes establecidos, con lo que se eludía el "control" sosprechado sobre el desempeño de las gestiones locales.

Y si bien "ciertas" de las facturas estaban presupuestadas, "otras" carecían de consignación para su abono, y en cualquier caso tenían reportes contra el interventor que "no fueron levantados" por la regidora, quien tenía potestad para llevarlo a cabo, de ahí su mayor compromiso. De todo, concluyó la jueza, "se deduce que los acusados eran siendo conscientes de la arbitrariedad de sus resoluciones" y que "la ilegalidad era clara" en formas de proceder a lo largo de su orden.

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