• miércoles 28 de septiembre del 2022

La Audiencia evalúa esta semana al exconcejal de Reinosa Julio García por malversación

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SANTANDER, 3 Jul.

La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará desde este lunes, por el trámite de jurado, al exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Reinosa Julio García por un delito de malversación de caudales públicos de mucho más de 23.300 euros y para quien el fiscal solicita cinco años y medio de prisión.

Según el escrito del ministerio público, el que fuera concejal entre 2011 y 2012, "utilizando su cargo" y "la escasa capacitación y la situación de necesidad" de 2 hermanos vecinos de Reinosa, les ofreció la adjudicación de ciertos pequeños trabajos para el Ayuntamiento, en lugar de que abriesen una cuenta bancaria donde ellos 2 figuraran como sucesos y le autorizaran a él como disponente.

Así las cosas, entre mayo de 2011 y marzo de 2012, el acusado asignó a los 2 hermanos ciertos trabajos menores, mientras que "elaboró facturas a nombre de 'Obras y Reformas en General', nombre que inventó para el trabajo de los hermanos en sus servicios al Ayuntamiento de Reinosa".

De este modo, pretendía "ofrecer una fachada de validez a unos trabajos que no se habían efectuado" y asimismo "ofrecer cobertura a la compraventa falsa a exactamente los mismos y en pos del Ayuntamiento de un vehículo particular, del que jamás fueron sucesos".

El escrito de la fiscalía cuenta diez facturas falsas por trabajos de desinfección (3.744 euros), en el ferial de ganados (7.202 y 4.106 euros), en la federación de peñas (1.062 euros) y en el tanatorio (1.684 euros), por retiradas de restos en el Ebro (1.029 euros) y por proyectos de saneamiento en casa de la juventud (5.089 euros) y en el campo de rugby (3.912 euros).

También consta una factura falsa por la venta de un vehículo, por importe de 7.254 euros.

Posteriormente, "sabiendo que estos trabajos no se habían ejecutado o no se había realizado la adquisición del vehículo, firmó las facturas por él confeccionadas y las presentó frente al Ayuntamiento a fin de que este satisficiera el importe de exactamente las mismas" en la cuenta bancaria que había abierto y donde figuraban como sucesos los hermanos.

Después, el acusado efectuó distintas transacciones en pos de cuentas de su titularidad. Según la fiscalía, se ingresó inadecuadamente en la citada cuenta un total de 23.393 euros que vienen de las arcas públicas del Ayuntamiento, que incorporó terminantemente a su patrimonio y que no devolvió.

Los hechos forman, según el fiscal, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad en archivo mercantil cometido por autoridad.

Además de la pena de prisión solicita diez.800 euros de multa, inhabilitación particular para empleo o cargo público a lo largo de seis años, y también indemnización de 23.393 euros.

La defensa por su lado niega los hechos y pide la absolución.
Asegura que los hermanos hicieron distintas proyectos para el Ayuntamiento en diferentes inmuebles municipales y que exactamente las mismas fueron encargadas por el concejal, que "dio orden de su abono una vez constatada la realización de exactamente las mismas".

Añade que con carácter previo o simultáneo a todos los trabajos encomendados, su defendido efectuó diferentes préstamos a todos los hermanos, que le fueron devueltos conforme han recibido los pagos por los trabajos realizados para el concejo.

Junto a ello, asegura que su cliente vendió al Ayuntamiento un dumper que antes había conseguido a otra compañía.

El juicio empezará a las diez horas en la Sección Tercera de la Audiencia y está sosprechado que se desarrolle del 4 al 7 de julio, y del 11 al 13.

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