La reunión más reciente de la Conferencia de Presidentes, llevada a cabo en Santander, se ha visto marcada por un significativo desencuentro entre los líderes regionales, especialmente entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Salvador Illa, el socialista presidente de Cataluña. El tema en el centro del debate ha sido el controvertido cupo catalán y las acusaciones de "deslealtad fiscal" hacia Madrid, lo que ha evidenciado las tensiones entre las diferentes comunidades autónomas.

Celebrada el 13 de diciembre, la conferencia no logró alcanzar acuerdos en temas cruciales como la financiación autonómica, vivienda, migración y sanidad. El único compromiso concretado fue una nueva reunión en enero para discutir la condonación de deuda, un tema que no ha convencido del todo a los presidentes autonómicos, quienes se muestran escépticos sobre la efectividad de esta medida.

Durante la cumbre, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó varias propuestas relacionadas con los puntos en agenda. Sin embargo, los líderes del Partido Popular han señalado que el Ejecutivo llegó a la reunión sin intención de llegar a un acuerdo, dado que no hubo negociaciones previas en la preparación de los temas a tratar.

Sánchez, por su parte, hizo un anuncio relevante respecto a la financiación autonómica, señalando que se convocaría una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en enero para discutir la condonación de deuda, un acuerdo que previamente habían pactado el PSOE y ERC. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el PP consideraron este compromiso insuficiente, catalogándolo como un mero "parche" y enfatizando la necesidad de reformar el sistema de financiación en su conjunto antes de abordar cualquier cuestión relacionada con la deuda.

En este sentido, varios presidentes regionales del PP han anticipado que llevarán el tema de la reforma del sistema de financiación a la reunión del CPFF, a pesar de que el Gobierno busca centrar la discusión únicamente en la condonación de la deuda. En medio de este debate, Ayuso expresó su postura en la conferencia, sugiriendo que la condonación de la deuda debería aplicarse únicamente a la Comunidad Valenciana, debido a las dificultades que han enfrentado a causa de la DANA (DANA: Depresión Aislada en Niveles Altos) que les afectó recientemente.

En contraste, los presidentes de Euskadi y Navarra han intentado aprovechar la discusión sobre la condonación de la deuda, exigiendo compensaciones similares a través de sus sistemas forales, a pesar de no formar parte del régimen común. Las diferencias se han hecho patentes, y el socialista asturiano Adrián Barbón ha confirmado la existencia de "dos facciones muy diferentes" dentro del PP en relación a este tema, mientras que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha abogado por un gran pacto de financiación que involucre tanto al PSOE como al PP para mitigar los “chantajes” que a menudo provienen de formaciones como Junts y ERC.

Esta reunión también ha marcado la primera vez que Ayuso e Illa coincidieron como presidentes autonómicos. No obstante, a pesar de la cordialidad del evento, ambos han intercambiado acusaciones sobre la financiación singular para Cataluña, lo que ha generado un ambiente de confrontación tanto en la sala de conferencias como en las ruedas de prensa posteriores.

Ayuso ha rechazado el trato preferencial que recibe Cataluña en términos de financiación. Ha insistido en que España no se rige bajo un modelo federal y ha instado a quienes deseen un cambio a que lo incluyan en sus programas electorales. Por su parte, Illa ha aprovechado su intervención para aclarar ciertas afirmaciones de otros líderes autonómicos respecto a la financiación de Cataluña, defendiendo que estas opiniones se emiten desde un "desconocimiento" de los hechos y recriminando a aquellos que optan por la "deslealtad fiscal".

Otro tema de discusión importante fue la migración. Ante la falta de consenso sobre cómo distribuir a los migrantes que llegan a Canarias y Ceuta, el Gobierno de Sánchez urgió a las comunidades a unirse para encontrar una solución compartida a este desafío. Canarias y Euskadi presentaron una propuesta conjunta para un reparto extraordinario de menores extranjeros no acompañados, con la expectativa de alcanzar un consenso más eficaz en futuros encuentros sectoriales.

El Ejecutivo acogió "con gran interés" la propuesta de Canarias, estableciendo un plazo de tres meses para encontrar un acuerdo que permita una distribución más adecuada de los menores migrantes en todo el territorio nacional. Por otro lado, aunque el Gobierno había planteado originalmente que la conferencia se centrara en el tema de vivienda, la presión de las comunidades autónomas del PP llevó a una amplia discusión sobre otros temas relevantes, siendo la crisis habitacional uno de los puntos más acuciantes para la población, especialmente entre los jóvenes.

A pesar de que los gobiernos autonómicos han instado a buscar soluciones efectivas a la crisis de vivienda, no se han alcanzado acuerdos concretos. Sánchez y su equipo han presionado a las comunidades para que apliquen la Ley de Vivienda, sugiriendo que el parque público de viviendas debería alcanzar el 20%. También se han planteado reformas a la Ley del Suelo con el objetivo de proporcionar más seguridad jurídica a los ayuntamientos y facilitar la construcción de viviendas asequibles.

Desde el PP critican al Gobierno por la situación actual del mercado de la vivienda, alegando que bajo la dirección de Sánchez, los precios han aumentado un 13% y que la oferta ha disminuido en un 36%. De hecho, el PP ya está preparando su propia propuesta de Ley de Vivienda, que será presentada en breve ante el Parlamento, y que busca asegurar un mayor acceso a suelo en el mercado inmobiliario.

Finalmente, respecto al tema de sanidad, el Gobierno anunció que transferirá 223 millones de euros en 2025 a las comunidades autónomas para el desarrollo de iniciativas en Inteligencia Artificial aplicadas a la atención sanitaria. Además, se buscará consolidar y aumentar la financiación de nuevas plazas en universidades públicas para profesiones sanitarias, condicionando esta expansión a un compromiso robusto por parte de las comunidades para cofinanciar dicha iniciativa.