• martes 7 de febrero del 2023

La defensa de la sentenciada del delito de Castro recurre los 15 años de prisión y solicita su absolución

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SANTANDER, 22 Dic.

La defensa de Carmen Merino, la sentenciada por decapitar a su pareja en Castro Urdiales en 2019, ha anunciado recurso de apelación frente al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la sentencia dictada a inicios del actual mes por el presidente del Tribunal del Jurado que la condenó a 15 años de prisión como autora de un delito de homicidio con el agravante de vínculo.

El recurso, al que tuvo ingreso Europa Press y en el que la defensa solicita la absolución de Merino o, subsidiariamente, que se la condene como cómplice del delito de homicidio, se fundamenta esencialmente en la carencia de pruebas sobre la causa de la desaparición de la víctima, el jubilado vasco Jesús María Baranda -cuyo cráneo apareció en un bulto que la sospechosa entregó a una amiga a fin de que se lo guardara-, y sobre la autoría del homicidio.

Por ello, cree que "no cabe condenar por autoría", en cualquier caso, ya que el jurado descartó el encubrimiento, "por cooperación en el asesinato", o sea por actos que asisten a ocasionar la desaparición pero no son determinantes ni indispensables. En los 2 primeros casos el TSJC absolvería, en el tercero reduciría la pena a diez años en relación a los 15 recientes, que encajan con la pena pedida por Fiscalía y acusación especial.

En preciso, la defensa manifiesta, como primer fundamento del recurso, la vulneración del derecho primordial a la presunción de inocencia, puesto que se da "una sepa total de prueba de cargo que deje asegurar que la causa de la desaparición" de Jesús María Baranda "fuera beligerante y no natural o accidental".

"La motivación del veredicto, a este respecto, es nula y el juicio de inferencia efectuado por el magistrado presidente es irracional, ilógico y arbitrario", resalta.

Como segundo fundamento, esgrime vulneración de los derechos escenciales a la tutela judicial eficaz y a un desarrollo con todas y cada una de las garantías, "puesto que el magistrado presidente consignó en la sentencia, como hechos probados, elementos fácticos que no aparecen ni fueron declarados probados en el veredicto por el jurado".

"Excediéndose en su potestad y funcionalidades atribuidas en la LOTJ (Ley Orgánica del Tribunal del Jurado), el magistrado presidente pervirtió y alteró de esta forma en sentido del veredicto", apunta, para apuntar que el magistrado cambió y reemplazó "unilateralmente" que Merino "participó actuando como autora" por "participó de manera activa en la ejecución de hechos que provocaron" la desaparición de Baranda. "La diferencia es visible, importante y trascendente", apostilla.

En tercer sitio, menciona a la vulneración del derecho primordial a la presunción de inocencia, "en tanto que se da una sepa total de prueba de cargo que deje asegurar que la acusada participó como autora en la desaparición" de su pareja.

"La motivación del veredicto a este respecto, de forma especial las referencias a la llamada Doctrina Murray, es errada y el juicio de inferencia efectuado por el magistrado presidente es irracional, ilógico y arbitrario", remarca.

Por último, y como cuarto fundamento con carácter subsidiario a todos y cada uno de los precedentes, la defensa esgrime infracción de precepto legal "al utilizar inapropiadamente" el producto 28.1 del Código Penal (autoría directa) y "no utilizar" el producto 29 (la cooperación).

Finalmente, solicita a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC que, previo traslado al resto de partes presentadas y con la preceptiva celebración de vista oral, se estime el recurso y, según con las causas primero a tercero, dicte sentencia absolutoria de Carmen Merino o, subsidiariamente, y con arreglo al fundamento cuarto, se la condene como cómplice del delito de homicidio.

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