El día 26 de noviembre, en Santander, se conoció que la Fiscalía de Cantabria ha decidido archivar las denuncias relacionadas con la gestión del cribado de cáncer de mama en la región. Según el organismo público, esta acción se basa en la consideración de que las quejas presentadas se reducen a meros “retrasos” y no han surgido denuncias concretas de mujeres afectadas.

En un comunicado dirigido a Europa Press, la Fiscalía explicó que las denuncias participantes fueron inicialmente aceptadas, pero su archivo se debió a la falta de evidencias que indiquen una afectación real a las pacientes en cuestión.

Las críticas iniciales provienen de Izquierda Unida y de la asociación El Defensor del Paciente, quienes habían llevado el asunto a la Fiscalía, señalando que había casi 4,000 mujeres en espera de los resultados de sus mamografías. Su objetivo era que el ente fiscal investigara la gestión del proceso y determinara si existían indicios de delito relacionado con tales demoras.

Izquierda Unida argumenta que los retrasos en los diagnósticos podrían ser considerados como homicidio imprudente o lesiones. Según ellos, esto sería cierto si alguna mujer, sometida al cribado, hubiera fallecido por cáncer de mama debido a demoras en los resultados o si se hubiera perdido la oportunidad de detectar lesiones malignas a tiempo.

Además, el partido advierte que lo sucedido refleja un “fallo sistémico” en la gestión del sistema sanitario en Cantabria, lo que podría implicar un delito por negligencia en la prestación de servicios sanitarios. Hasta se plantean posibles cargos de prevaricación administrativa si se demuestra que existieron decisiones injustas a sabiendas, tales como la falta de cobertura de bajas y jornadas laborales.

Izquierda Unida también ha señalado a diversas autoridades en el ámbito de la salud, incluidos el consejero de Salud, César Pascual, así como la Dirección General de Planificación y la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Estas entidades son vistas como potencialmente responsables de la situación crítica en la que se encuentran muchas mujeres en la región.

Como parte de su denuncia, proponen que se convoque a personal de Radiología del Servicio Cántabro de Salud, a la Gerencia del Hospital Santa Clotilde —responsable de procesar un millar de mamografías acumuladas—, y a representantes de asociaciones y pacientes que podrían haber sido afectados por la ineficiencia en el sistema de salud.