La fiscalía reduce a seis meses la condena por vertidos ilegales en Saja-Besaya
La fiscalía pide seis meses de prisión para ocho exconsejeros de Sniace por vertidos al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010 sin autorización. La acusación, que inicialmente solicitaba más tiempo, ahora centra su reproche en la omisión de continuidad en el delito. El proceso judicial, que comenzó en Santander, se reanuda tras una sentencia anulada parcialmente en 2021. La causa refleja la complejidad de la gestión ambiental en Cantabria y la responsabilidad de las empresas y administraciones públicas en la protección de recursos naturales. La vista, que se extenderá hasta el 22 de abril, incluye declaraciones de testigos y la participación de exconsejeros, algunos de los cuales rechazan las acusaciones. La investigación apunta a posibles irregularidades en el control y supervisión de vertidos por parte de la empresa y la administración regional, en un contexto de creciente preocupación social por la calidad del medio ambiente. Este caso evidencia las dificultades del sistema judicial para abordar delitos ambientales complejos y la necesidad de reforzar la regulación y fiscalización en Cantabria. En perspectiva, el proceso puede sentar un precedente en la responsabilidad corporativa y la gestión ambiental en la comunidad autónoma.