El sindicato ve una "cacicada" que no se cree un consejo de rastreo concreto y el Gobierno afirma que "trabaja" en ello

SANTANDER, 27 Dic.

El Gobierno de Cantabria escoge que la Intervención General de la red social autónoma se encargue de ejercer la tarea de supervisión de las compañías entidades del campo público y CC.OO tilda de "cacicada" que "renuncie" a hacer un consejo de rastreo para esa labor "al que se había puesto en compromiso".

Sin embargo, desde el Gobierno se ha asegurado en un aviso que "trabaja en el avance de la creación de este Consejo que se ocupará de hacer un análisis de la actividad creada por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles, las fundaciones y demás entes del campo público institucional autonómico según su plan de actuación, los principios y objetivos consagrados en su regla de creación, su presupuesto, reportes de administración y los
pactos adoptados por sus órganos de gobierno y administración".

La crítica de CC.OO se ha producido tras la orden lanzada por el Gobierno en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) donde se ocupa a la Intervención la supervisión de las entidades del ámbito p*blico a través --afirma el Ejecutivo-- de un "sistema de supervisión continua" que, según ha asegurado, "dejará remarcar el rastreo y los controles ahora que ya están sobre las entidades del campo público institucional".

"Hablamos de un nuevo instrumento que contribuirá a la mayor eficacia y efectividad en el empleo de los elementos públicos", explicó la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén
Álvarez (PSOE).

En preciso, por medio de este sistema de supervisión continua, la Intervención General de la Comunidad Autónoma controlará la actividad económica-financiera del ámbito, corroborando, por ejemplo cuestiones, su sostenibilidad financiera, tal como el cumplimiento de los fines que
justificaron su creación.

Para ello, según establece la orden desarrollada por Economía, las entidades del ámbito público van a deber remitir una memoria de forma anual y un informe sobre las fuentes de financiación de los costos y de las inversiones del organismo o entidad, tal como su incidencia, en su caso, sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

En la situacion de los entes que tengan la cuenta de Administraciones Públicas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, van a deber hacer más simple el cálculo de su necesidad de financiación, y
esos que no tengan la cuenta de Administración Pública, van a deber mandar el importe de su resultado salvaje de explotación en exactamente el mismo periodo de tiempo.

El resto de entidades van a deber remitir información relativa a las previsiones concretas sobre sostenibilidad financiera que les sean ajustables y, en su defecto, sobre su aptitud para financiar compromisos de gasto presentes y futuros en los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial que les resulten ajustables.

Tras ello, la Intervención General presentará un informe resumen global de opinión en el que van a quedar plasmadas las primordiales conclusiones.

De este modo, la Intervención va a poder apreciar la formulación de sugerencias de optimización referidas a puntos organizativos y estratégicos de la entidad u organismo, tal como de administración económica, presupuestaria y financiera, de elementos humanos y materiales, y de administración compartida.

Según Álvarez, este nuevo servicio de supervisión continua servirá
para "remarcar los controles ahora que ya están" y se regirá por los principios de "autonomía y también independencia", siendo ejercidos por la Intervención "con plena autonomía" respecto de los organismos y entidades objeto del control".

El Ejecutivo mantiene que con la publicación de la orden que regula el control de efectividad y supervisión continua, "da un paso adelante" en el avance de Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la red social autónoma, que prevé este mecanismo de control, tal como el Consejo de rastreo de la actividad de los entes del ámbito público institucional autonómico.

En cuanto al futuro Consejo de Seguimiento, indicó que este órgano va a estar compuesto por los sucesos de la Consejerías a las que estén adscritas las entidades o la gente en quien deleguen, entre los cuales ejercitará la Presidencia; un funcionario con competencias en materia jurídica, que actuará como Secretario, y un gerente escogido por todos los conjuntos parlamentarios.

Además, formarán una parte de este órgano, 2 vocales de entre los aspirantes presentados por las organizaciones sindicales mucho más representativas de la red social autónoma de Cantabria, pudiéndose enseñar un candidato por todas ellas, un vocal de entre los aspirantes presentados por la organización empresarial mucho más representativa de la red social autónoma de Cantabria y un vocal de entre los aspirantes presentados por la Universidad de Cantabria.

Por su parte, el campo autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO cree que, con la orden publicada en el BOC, el Gobierno "da carpetazo a la comisión de rastreo" y ha criticado la "falta de intención política" para arrancar un mecanismo que, a su juicio, es "preciso para asegurar la transparencia y la buena administración institucional en las compañías públicas".

Para los representantes del ámbito autonómico del sindicato en Cantabria, esta resolución piensa un "golpazo a la ciudadanía por norma general" que --afirma-- "es de nuevo engañada por los y las representantes políticas, que eligen sostener las compañías públicas fuera de control, como ahora se está probando en varias de ellas".

Así, se han referido por poner un ejemplo al caso de Cantur, que, según indicó, "amontona decenas y decenas de errores judiciales que dan la razón al sindicato y que afirman las irregularidades que hay en la contratación de personal".

Para el coordinador del ámbito autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, Carmelo Renedo, "la actitud del Ejecutivo regional es repudiable y deja bastante que querer".

"Deja en prueba a nuestros representantes políticos que lo que no desean es que se controlen los puestos que tienen delegados y sobre los que actúan a su antojo y es por este motivo con lo que dieron carpetazo a eso que se habían puesto en compromiso", ha opinado.

Renedo mantiene que "la mala práctica" en las compañías de Cantabria se reitera y es "una incesante en todas y cada una de ellas" y lo ha ejemplarizado con las demandas, las solicitudes y las reivindicaciones que CC.OO transporta realizando desde hace unos años no solo en Cantur, sino más bien asimismo en MARE, el Hospital Virtual Valdecilla, Fundación Marqués de Valdecilla o la Sociedad Regional de Educación, "por refererir solo ciertas".

"Es lamentable esta falta de transparencia, este oscurantismo. Es inaudito que se haya dejado pasar la posibilidad de tener un instrumento de rastreo y de control de las distintas compañías públicas que, además de esto, desde CC.OO llevamos reclamando desde hace unos años. Una herramienta que da el toque democrático y de rigor que se estima de la administración pública", ha aseverado.