La jueza investiga protocolos policiales tras el colapso de la pasarela en El Bocal que causó 7 víctimas mortales

El pasado 3 de marzo, la caída de la estructura de la pasarela en El Bocal, Santander, causó la muerte de seis jóvenes y dejó a otra persona gravemente herida. La investigación judicial, en curso desde entonces, busca esclarecer las circunstancias del siniestro, incluyendo si la Policía Local contaba con protocolos adecuados para atender avisos del 112 relacionados con el estado de la estructura.

En un contexto político marcado por la gestión de emergencias y la responsabilidad en obras públicas, el Ayuntamiento de Santander ha sido objeto de críticas por la supervisión y mantenimiento de infraestructuras públicas, en medio de debates sobre la transparencia y la eficiencia en la administración local. La magistrada ha solicitado declaraciones a responsables policiales y de emergencias, además de profundizar en las condiciones técnicas y legales del proyecto de la pasarela.

La investigación también cuestiona la calidad de los materiales utilizados y el cumplimiento normativo en la construcción y mantenimiento de la estructura, en medio de una creciente preocupación social sobre la seguridad de las obras públicas en Cantabria. La jueza ha solicitado informes periciales para determinar si los herrajes y componentes mecánicos cumplen con la normativa vigente y si existieron posibles modificaciones en el diseño original.

Por su parte, el contexto político en Cantabria ha estado marcado por tensiones entre los diferentes niveles de administración y la necesidad de reforzar los controles en obras públicas, tras acusaciones de posibles irregularidades en contratos y supervisiones. La Fiscalía y los órganos judiciales han intensificado sus diligencias para esclarecer si hubo negligencias o incumplimientos que pudieran haber contribuido a la tragedia.

En este escenario, la responsabilidad de las instituciones en la seguridad de infraestructuras y la gestión de emergencias se sitúa en el centro del debate público, con un foco especial en la coordinación entre servicios y la regulación técnica de las obras. La resolución judicial pretende además fortalecer los protocolos existentes y garantizar la transparencia en la investigación.

Este caso refleja la creciente preocupación por la seguridad en infraestructuras públicas en Cantabria, en un contexto de mayor atención a la gestión de riesgos y la rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas, en línea con las exigencias de una ciudadanía cada vez más informada y vigilante.