Crónica Cantabria.

Crónica Cantabria.

La Junta de Personal Funcionario del Gobierno de Cantabria expone su rechazo a la subcontratación en servicios sociales.

La Junta de Personal Funcionario del Gobierno de Cantabria expone su rechazo a la subcontratación en servicios sociales.

La Junta de Personal Funcionario del Gobierno de Cantabria ha alertado sobre la creciente privatización de los servicios sociales en la región. Según denuncian, el Ejecutivo está delegando la gestión e incluso la atención a usuarios de la dependencia en empresas externas.

Según señalan los sindicatos, la última acción en este sentido ha sido la encomienda a una empresa externa de la gestión de expedientes administrativos del área de la dependencia, siguiendo una estrategia ya vista en la contratación de servicios de enfermería.

La Junta ha indicado que los centros de dependencia del Gobierno han experimentado una reducción cada vez mayor del personal sanitario, lo que ha provocado deficiencias en la atención. Estas deficiencias han sido denunciadas en repetidas ocasiones, pero la Administración ha ignorado las demandas y el deterioro continúa.

Los sindicatos afirman que se incumplen habitualmente las cartas de servicios y carteleras de personal, aprobadas por el Gobierno de Cantabria, lo que pone en riesgo la atención a las personas dependientes.

El aumento desmedido de horas fuera de jornada y jornadas adicionales es el resultado de la falta de personal en los centros, y el Gobierno se niega a pagar las horas extras realizadas, agravando aún más el problema. En algunos turnos, no hay suficiente personal de enfermería según los mínimos pactados anualmente.

La Junta destaca que el personal de enfermería ha acumulado un gran número de horas trabajadas fuera de su jornada habitual debido a la ineficacia en la contratación de personal por parte de la Administración.

Existe el temor de que esto pueda abrir la puerta a la externalización de los servicios socio-sanitarios en general, y de enfermería en particular. Ya se ha observado en el caso del CAD Sierrallana, que ha contratado a una empresa privada para cubrir estas deficiencias. Esto lleva a los sindicatos a preguntarse si esta es una continuación del plan que se inició en 2012 con el cierre del centro de La Pereda.

La Junta de Personal de Funcionarios ha exigido a la Administración que revierta inmediatamente esta situación y se siente a negociar soluciones urgentes. Según los sindicatos, es inaceptable no tomar todas las medidas posibles para completar las plantillas de los centros, y advierten que si no se abordan de inmediato estas deficiencias, se verán obligados a tomar otras medidas.