SANTANDER, 4 Ene.
La Ley de Coordinación de las Policías Locales, impulsada por el Ejecutivo regional, que suprime la estatura mínima y permite el servicio de manera socia entre ayuntamientos, se ha anunciado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y va a entrar en vigor mañana, día 5 de enero.
Entre otras noticias, introduce una secuencia de medidas orientadas a garantizar la prestación de los servicios de policía local, entre aquéllas que resalta la colaboración entre ayuntamientos para atender pretensiones temporales del servicio policial o la oportunidad de asociacionismo entre municipios para la prestación de estos servicios.
Asimismo, suprime el requisito de estatura mínima y distinguida entre hombres y mujeres para entrar al cuerpo, fortalece los mecanismos de coordinación que el Gobierno de Cantabria usa para homogeneizar el desempeño de las policías locales y amolda el artículo a las ediciones legales efectuadas en la materia y en función pública tras 22 años de vigencia de la normativa hasta la actualidad en vigor.
Igualmente, se regula por vez primera el derecho a prestar el servicio de policía en condiciones correctas de seguridad y también higiene en el trabajo, distinguiendo entre ayuntamientos de sobra y menos de 5.000 pobladores y una plantilla mínima en dependencia de la población. En particular, se se refiere a la no realización de servicios de carácter unipersonal, salvo justificación alentada, y se hace mención expresa a las medidas de protección de embarazadas y a la igualdad eficaz entre hombres y mujeres.
La regla autonómica regula de manera mucho más descriptiva los medios profesionales de los que han de estar dotados los agentes, su uniformidad y las funcionalidades de las diferentes escalas y de las jefaturas de los cuerpos de policía local.
En materia de provisión y selección de nuevos agentes, se regula un intérvalo de tiempo de prácticas en los municipios convocantes de plazas en el cuerpo de policía, como novedosa etapa del desarrollo selectivo de carácter evaluable.
Con la novedosa regulación va a ser viable aceptar la relación funcionarial de carácter interino para el ascenso de socorrieres de policía con motivo de un incremento conocido de población de manera estacional o temporal que requiera aumentos transitorios de personal. Los socorrieres de policía de refuerzo de la regulación previo tenían la condición de personal contratado laboral, lo que no era coincidente con la realización de trabajos de autoridad propias del cuerpo.
Igualmente, se establecen procesos de promoción interna a fin de que los socorrieres de policía logren entrar al cuerpo de policía de cara a eludir la simultaneidad en un mismo municipio de los dos cuerpos.
La regla impulsada por el Gobierno introduce la oportunidad de ingreso a los cuerpos de policía local de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Santander, al hacer más simple llevar a cabo procesos de promoción interna por métodos de certamen-oposición.
Dentro de las ocasiones administrativas, la ley establece la regulación de la segunda actividad con motivo de edad y por causas psicofísicas, progresando claramente los derechos de los policías en lo relativo a su situación y sus remuneraciones.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, departamento que impulsó la novedosa ley, ha valorado "el espíritu de diálogo y trabajo grupo" con los colectivos implicados para actualizar, cambiar y hallar, entre todos, "la mejor ley de coordinación de la policía local con el objetivo último de progresar el servicio prestado en Cantabria".
Ha valorado otras actualizaciones en estos servicios al aumentar las inversiones autonómicas en la renovación de medios materiales de las policías locales de Cantabria, que ha beneficiado el año pasado a 17 municipios, en la situacion de la flota de automóviles, y a 18 ayuntamientos para la adquisición del material de intervención policial.
Actualmente, están abiertas las convocatorias de las ayudas destinadas a prosperar y homogeneizar los 32 cuerpos de policía local, que van a suponer una exclusiva inversión en 2023 de 250.000 euros, informó el Gobierno en publicación oficial.