SANTANDER, 15 de diciembre.

Este lunes, el Parlamento de Cantabria fue testigo de una singular alianza entre las fuerzas opositoras, que exigieron al Gobierno regional del Partido Popular (PP) que adopte un enfoque más proactivo para mejorar las condiciones de trabajo de quienes laboran en el sector de la dependencia.

La moción presentada por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), con el respaldo del PSOE, Vox y el diputado independiente Cristóbal Palacio, fue rechazada por los populares. La propuesta solicita al Ejecutivo local que, en un plazo de dos meses, organizase una reunión entre las asociaciones empresariales y los sindicatos, con el objetivo de negociar un acuerdo que contemple ajustes salariales y la actualización de precios de manera anual.

La diputada del PRC, Rosa Díaz, urgió al gobierno a "asumir" la responsabilidad de facilitar esta conversación entre las partes, aludiendo a que no se trata de que el Gobierno participe directamente en las negociaciones. Según ella, es fundamental que se reconozcan los retos y la carga emocional que enfrentan los trabajadores en este duro sector.

Díaz subrayó que, a pesar de una cierta mejora en la atención de los mayores al aumentar las horas de cuidado diario, la realidad en varios centros es alarmante. Las tasas de ocupación permanecen muy por debajo de lo ideal, lo que provoca un estrés significativo en los empleados y una atención deficiente.

La diputada argumentó que el problema no es solo un asunto corporativo, sino que también afecta a la justicia social y a la salud de los profesionales, muchos de los cuales son mujeres. Sostiene que el sistema de atención a la dependencia podría estar en una posición vulnerable debido a la falta de interés de nuevos talentos en el sector.

Desde el PSOE, se criticó la inacción del Gobierno al no haber tomado iniciativa en el pasado para construir un diálogo efectivo entre los actores del sector de la dependencia e instar a un acuerdo justo y responsable. "Es hora de garantizar derechos, calidad en las prestaciones y respeto por quienes sostienen este sistema", afirmó Nórak Cruz, representante socialista.

La posición de Vox fue similar, apoyando la moción, pero lamentando la desestimación de su propuesta que buscaba asegurar la adecuación salarial. Armando Blanco enfatizó que el Gobierno debe garantizar compromisos, independientemente de la forma en que decida hacerlo.

El diputado del PP, Alejandro Liz, descalificó la moción como un intento de instaurar un "sindicalismo vertical", recordando que la dependencia ya está regulada por leyes nacionales y que Cantabria es la única autonomía que tiene un mandato explícito para actualizar los precios públicos. Además, criticó a los anteriores gobiernos del PRC y el PSOE por no haber tomado medidas efectivas en este sector durante su mandato conjunto.

El Pleno del Parlamento solo aprobó la moción del PRC entre varias propuestas de la oposición, que fueron rechazadas. Durante la sesión se presentaron también interpelaciones al Gobierno, que no requieren votación.

Una de estas interpelaciones fue impulsada por el PSOE, solicitando la implementación de una renta básica de emancipación para jóvenes. Una propuesta que fue infructuosa, ya que no obtuvo el apoyo de ningún grupo legislativo, incluyendo la abstención del PRC, que consideró la medida como inadecuada para abordar la crisis de acceso a la vivienda. Vox y el PP manifestaron su oposición a lo que consideraron una "ayuda irresponsable".

El Partido Popular acusó al PSOE de intentar manipular a los jóvenes para que apoyaran su agenda política, a la vez que recordaron la falta de acciones efectivas por parte del Gobierno central en temas de vivienda frente a lo que ellos califican como un manejo responsable de la situación por parte de su administración en Cantabria.

Por su parte, Vox se mostró firme en su desaprobación, caracterizando la propuesta socialista como un engaño más hacia los jóvenes, quienes necesitan oportunidades laborales dignas y no limosnas de subsistencia.

Adicionalmente, la propuesta del PRC que instaba a implementar un plan que eximiera de cotizaciones sociales a los autónomos que ganan menos del salario mínimo fue igualmente desestimada. Los regionalistas señalaron la pérdida de 350 autónomos en los últimos dos años, argumentando la falta de efectividad de un plan que ha costado 40 millones sin resultados tangibles.

A pesar del apoyo de Vox, algunos representantes criticaron la falta de originalidad en la propuesta del PRC, sugiriendo que es una simple repetición de iniciativas anteriores. El PSOE, por su parte, se mostró escéptico ante el plan actual, abogando por un enfoque más audaz y estructurado que beneficie realmente a los emprendedores en Cantabria.

Finalmente, el PP, junto con otros grupos, rechazó una propuesta de Vox sobre rebajas fiscales, considerándola como una mera ilusión política. Vox mantuvo su postura, insistiendo en que las propuestas fiscales de la administración de PP eran insuficientes para abordar verdaderamente las necesidades económicas actuales.

Con este panorama, la tensa dinámica en el Parlamento de Cantabria continúa, reflejando las profundidades de la política regional y las agudas divisiones entre las distintas fuerzas en juego.