El ambiente político en Cantabria se ha calentado tras el último plenario del Parlamento, donde los partidos de oposición, PRC, PSOE y Vox, han logrado aunar fuerzas para rechazar la propuesta de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas presentada por el Gobierno del Partido Popular. Esta acción se suma a la anterior negativa a los Presupuestos del 2026, lo que indica una creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición.

La enmienda que prosperó en esta ocasión fue la iniciativa del PSOE, que fue la primera en ser sometida a votación, mientras que las propuestas de PRC y Vox, aunque presentadas, no llegaron a discutir en el plenario por el mismo motivo. A pesar de que los diputados de Vox abandonaron la sala en protesta por el manejo de la jornada, se unieron a la oposición para asegurar la aprobación de la enmienda que devuelve el proyecto al Gobierno.

El esquema seguido durante el día fue consistente: la oposición reafirmó su control en la votación, desde la sesión matutina sobre el presupuesto hasta la vespertina sobre las medidas fiscales, permitiendo que la enmienda del PSOE se aprobara y anulara las otras dos, cuyo objetivo era también la devolución de los proyectos al Ejecutivo para su revisión.

Este refrendo de la oposición se debió a su mayoría absoluta de 19 escaños, en comparación con los 15 del PP, que tiene un gobierno en minoría, y el único diputado no adscrito, Cristóbal Palacio. La presión se intensificó cuando la portavoz de Vox, Leticia Díaz, exigió a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, aclaraciones respecto a una medida cautelar que había solicitado, que cuestionaba el procedimiento de votación establecido para las enmiendas.

Díaz argumentó que la presidenta había "vulnerado derechos" al manejar el proceso de votación de manera inconsistente, lo que encendió más los ánimos en la sala. González Revuelta desestimó las acusaciones, afirmando que no había contradicción en sus declaraciones y que se seguirían los procedimientos judiciales pertinentes.

En defensa del proyecto de presupuestos, Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía, reiteró que las enmiendas presentadas por la oposición son un obstáculo para el progreso de Cantabria, afirmando que buscan mejorar la competitividad de la región y fomentar un crecimiento sostenible. En su discurso, subrayó cómo las medidas fiscales propuestas incluían reducciones impositivas y mejoras importantes para sectores vulnerables, como personas con discapacidad y familias en situación de dependencia.

Agüeros también describió varias modificaciones administrativas que, según él, serían vitales para potenciar la inversión y la eficiencia en una comunidad autónoma pequeña como Cantabria. Sin embargo, la respuesta de PRC y PSOE fue dura, acusando al Gobierno de favorecer en realidad a las clases más adineradas con sus recortes fiscales, en detrimento de los ciudadanos que más lo necesitan.

Pedro Hernando, del Grupo Regionalista, criticó que, a pesar de una recaudación récord, la gestión de los servicios públicos no ha mejorado. Además, insinuó que aún hay espacio para que el Gobierno reconsidere el presupuesto, diciendo que podrían lograr un acuerdo si se muestran dispuestos a negociar.

Los socialistas también arremetieron contra la política fiscal del PP, argumentando que perpetúa desigualdades y no considera el futuro estructural de la región. Ana Belén Álvarez defendió un enfoque progresista frente al modelo regresivo del PP, afirmando que el desarrollo real solo es posible cuando se apoya a quienes más lo necesitan.

Desde Vox, Leticia Díaz amplió la crítica argumento que la ley propuesta es meramente una respuesta a la creciente recaudación sin considerar la necesidad de reducir el gasto público a través de la optimización. La acusación de falta de voluntad negociadora del PP fue respondida por los populares, que calificaron de "tripartito de la vergüenza" la coalición opositora que, según ellos, busca obstaculizar el progreso y va en contra de los intereses de los cántabros.

El ambiente en el Parlamento evidenció una profunda división política, y los populares resaltaron la necesidad de contar con representantes responsables que prioricen el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses particulares. A medida que avanza la jornada, los ecos de este cruce de opiniones continúan resonando, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro político en Cantabria.