El despacho jurídico DVUELTA ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Torrelavega, argumentando que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fue aprobada sin respaldo técnico y jurídico adecuado, lo que pone en duda la validez de la medida.

TORRELAVEGA, 16 Sep.

La Plataforma Salvar Torrelavega ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) impugnando la delimitación de la ZBE de la ciudad.

La acción legal ha sido dirigida por el despacho jurídico DVUELTA, especializado en la impugnación de ordenanzas, y que previamente ha logrado anular la ZBE de Madrid, conocida como 'Madrid Central', y también la del Ayuntamiento de Gijón.

La demanda de 'Salvar Torrelavega' busca anular una medida que consideran arbitraria, deficiente y carente de fundamentación legal adecuada.

La demanda ha sido presentada dentro de los plazos legales, y su admisión a trámite ha sido comunicada, lo que según el portavoz de la plataforma, Ángel Herreros, respalda los argumentos jurídicos presentados respecto a una delimitación llena de irregularidades que afectan los derechos de los ciudadanos.

El objetivo es lograr la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Torrelavega y solicitar una reconsideración de la implementación de la ZBE de manera más rigurosa y conforme a la legalidad vigente.

Herreros ha afirmado que esta acción es un paso necesario ante el desdén mostrado por el Ayuntamiento a las propuestas para una delimitación de la ZBE menos perjudicial para los sectores económicos de Torrelavega y los habitantes de Cantabria.

La plataforma denuncia que la delimitación de la ZBE vulnera el principio de proporcionalidad al imponer restricciones significativas sin un análisis riguroso que justifique la medida.

En la demanda se argumenta que la delimitación no solo es innecesaria debido al bajo nivel de emisiones de vehículos en el municipio, sino que también representa una limitación indebida de los derechos de los ciudadanos.

El despacho jurídico DVUELTA sostiene que el acuerdo para la ZBE fue adoptado sin el respaldo técnico y jurídico necesario, lo que compromete la validez de la medida.

La demanda presenta una serie de irregularidades técnicas y legales que invalidarían la aplicación de la norma, incluyendo la falta de supervisión técnica, la falta de cualificación de los profesionales implicados, y deficiencias en la evaluación del impacto económico y competencia.

Además, se destaca que la justificación de la ZBE en términos de mejora de la calidad del aire es insuficiente, ya que los informes reconocen que Torrelavega no sufre altos niveles de contaminación, lo que cuestiona la proporcionalidad y necesidad de la medida.