• miércoles 28 de septiembre del 2022

Las asociaciones de mercaderes y hombres de negocios de Cantabria solicitan la suspensión de la Feria Oulet

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SANTANDER, 21 Sep.

Las asociaciones de mercaderes y hombres de negocios de Cantabria
enseñaron su desacuerdo con la Feria Oulet, sosprechada este fin de semana en el Palacio de Exposiciones de Santander, y han pedido su suspensión.

Así lo solicitan la Federación de Pymes del Comercio de Cantabria (FEPYCAN), la Asociación Comerciantes del Casco Viejo de Santander, APEMECAC Torrelavega, la Asociación de Comerciantes, Autónomos, Pymes y Micropymes de Cantabria CONAPI, Piel Cuero y Calzado ACECOPI, Comerciantes del Centro, Comerciantes Astillero CEMAG, Union Cántabra de Almacenista de Alimentación UCEDA, Almacenistas Coloniales, Asociación Empresarios del Comercio Textil, AECTC y Union de la pequeña y mediana compañía de Comerciantes y Trabajadores UNIPYMEC.

En un aviso, lamentan que el Ayuntamiento de Santander haya decidido "incumplir su ordenanza" en relación a la celebración de este acontecimiento y confían en que el resto de gestiones "sí cumplan con la ley y aseguren el cumplimiento de las condiciones laborales y seguridad popular, tal como la vericidad y calidad de los artículos que se vendan en la feria".

Y es que en opinión de esas agrupaciones comerciales y empresariales, es "falso" lo manifestado desde el Consistorio mediante un aviso, en el que se aseguraba que la feria es "un producto comercial" que "cumple con toda la legalidad vigente en lo que se refiere al alquiler de salas" del edificio municipal.

Así lo señalaba la Empresa Municipal de Turismo, al que está adscrito el Palacio de Exposiciones, que -como remarcaba-, "puede fomentar cualquier género de actividad coincidente con los espacios" de los que dispone tal como "comercializar" exactamente los mismos.

Pero para las asociaciones de mercaderes y hombres de negocios de Cantabria "es impepinable que si desean montar ventas en el
Palacio de Exposiciones se debe de utilizar la ordenanza municipal".

Y, siguen, "la autorización no es de la compañía pública sino más bien del propio Ayuntamiento, previo informe preceptivo de la Cámara de
Comercio, de las asociaciones empresariales, y de las
asociaciones de mercaderes, como bien remarca el producto 31 de la
ordenanza municipal".

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