Los dos han comunicado recurso de casación frente al Alto Tribunal tras ratificar el TSJC la sentencia de la Audiencia Provincial

SANTANDER, 12 Feb.

Los 2 exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) condenados a 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación en contratos menores en su etapa en el puesto recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) frente al Supremo.

Y es que el subdirector de Gestión Económica y también Infraestructuras del SCS a lo largo de la previo legislatura, Francisco Javier González, como el entonces directivo de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, han comunicado por medio de sus representantes legales la interposición de recurso de casación frente al TS, conforme han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC confirmó en el mes de enero el fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, desestimando íntegramente los elementos de apelación interpuestos por los dos procesados, a los que el prominente tribunal cantabrio impuso además de esto el pago de las costas procesales.

Los 2 exaltos cargos fueron condenados por la Audiencia en el tercer mes del año de 2021 -tras el juicio festejado en el mes de febrero- por prevaricación en contratos menores, figura a la que asistieron de forma "deliberada" e inclusive "reiterada" en su etapa en el cargo la pasada legislatura.

En la situacion de González, se le considera creador de un delito de prevaricación administrativa continuado, y en el de Rojo de no continuado, en tanto que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de proyectos y servicios en el organismo sanitario.

El primero solicitó al TSJC su absolución y, de manera subsidiaria, una lástima menor; al paso que el segundo solicitó su absolución y, subsidiariamente, la anulación del juicio.

Posteriormente González impugnó el recurso de Rojo y el Partido Popular, que ejercita la acusación especial y solicitaba 15 años de inhabilitación para cada uno de ellos, impugnó los dos elementos, interesando su desestimación íntegra y la condena a costas de los recurrentes.

En sus elementos, los exaltos cargos argüían, entre otros muchos fundamentos, fallo en la opinión de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, que el TSJC descartó, distribuyendo en su integridad las conclusiones de la sentencia de la Audiencia Provincial.

González, con experiencia en la administración económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el orden de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -al lado del entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al irse a la luz las supuestas irregularidades.

Fueron denunciadas por la jefe del Servicio de Contratación en aquel instante, y apreciadas en contratos menores para el cuidado y pintado de centros de salud y las proyectos de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, tal como en la adquisición de 22 ecógrafos para otros muchos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor de afuera, Álvaro Sáez de Viteli, ahora fallecido y al que la jueza instructora imputaba exactamente el mismo delito.

Para el TSJC, la actuación de los exresponsables del SCS "piensa una flagrante vulneración de los principios constitucionales que constituyen la actuación de la administración en un Estado de Derecho".

"Estos gobernantes públicos, de manera injusta y arbitraria, eludieron la incoación del trámite administrativo conveniente para la contratación de los servicios, proyectos y recursos que allí se describen, acudiendo de manera deliberada y, además de esto, reiterada en la situacion del subdirector de Gestión Económica, a un expediente inapropiado, como es el sosprechado para los contratos menores", apunta la sentencia que van a recurrir frente al Supremo.