El presidente y los consejeros renuncian a la subida salarial sosprechada para 2023
SANTANDER, 21 Oct.
Los mucho más de 28.000 usados públicos del Gobierno de Cantabria van a recibir en sus nóminas del mes de noviembre la compensación salarial del 1,5 por ciento en las remuneraciones del actual año, un aumento salarial inusual que va a tener carácter retroactivo desde el mes de enero.
Así lo anunció la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, quien informó que con este aumento la subida global para este año entre los usados públicos autonómicos alcanzará el 3,5 por ciento, en app a la legislación básica estatal.
La consejera informó de este radical a los representantes sindicales reunidos este viernes en la Mesa Sectorial de Función Pública y el Comité de Empresa y convocará para la semana próxima la Mesa General de Negociación con el fin de reportar en aspecto del alcance de los capitales en general de Cantabria para 2023 en el ámbito del personal público y los refuerzos previstos, indicó el Ejecutivo regional en publicación oficial.
Fernández ha apuntado que su departamento ha convocado por vez primera, de manera anterior, a los representantes sindicales presentes en la Mesa General de Negociación con el propósito de oír antes sus proposiciones sobre el Capítulo 1 de los capitales (costos de personal).
Este capítulo de los próximos capitales regionales incluirá la subida salarial afianzada del 3,5 por ciento del año 2022, al lado del aumento del 2,5 por ciento sosprechado para 2023 para todos y cada uno de los usados públicos del país, al que se van a poder sumar levantas de carácter variable de hasta el 1 por ciento agregada, según el desarrollo del PIB o del IPC juntado.
Sin embargo, el aumento salarial sosprechado para 2023 no va a ser de app para el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y los consejeros, que decidieron congelar sus sueldos y no se aplicarán el aumento retributivo del 2,5 por ciento pensado para el año próximo.
La consejera de Presidencia ha defendido recobrar los derechos perdidos y continuar progresando las condiciones laborales de los usados públicos autonómicos, damnificados por la pérdida de poder de compra frente la presente escalada de costos, pero asimismo, hace ahora una década, por los recortes y la congelación de sus sueldos.
En su opinión, la optimización de las condiciones laborales resulta "primordial" para progresar los servicios públicos prestados a la ciudadanía, pero asimismo para "mitigar el efecto de la inflación en la economía regional", ha subrayado Fernández Viaña.
