En Santander, una tensión palpable ha surgido en torno a la ubicación de un nuevo McDonald's en el Mercado de Puertochico, lo que ha llevado a la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico a organizar una manifestación el próximo sábado 29 de noviembre. La protesta está programada para las 12:00 horas y busca rechazar no solo la instalación de la famosa cadena de comida rápida, sino también la reciente decisión del concejal de Comercio, Álvaro Lavín, de retirar una pancarta que consideraron crucial para la defensa de la identidad local.

La Comisión ha expresado su intención de impugnar la eliminación de la pancarta, que catalogan como “injusta y perjudicial para la convivencia democrática”. En un comunicado de prensa, enfatizan su descontento con el trato recibido y el escaso esfuerzo por parte del Ayuntamiento para entablar un diálogo constructivo sobre esta situación.

La manifestación del 29 de noviembre comenzará en la rotonda de La Sardinera y concluirá en la Plaza de Puertochico. Los organizadores cuentan con el respaldo de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) y la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, quienes consideran que es tiempo de dar un paso decidido en defensa del comercio local y la protección del patrimonio del barrio.

El mensaje de la Comisión es claro: la identidad de Puertochico está en juego. Aseguran que se debe preservar un entorno que albergue comercio local y refleje la historia de la zona, en contraposición a lo que perciben como una tendencia hacia la privatización y el beneficio de intereses particulares.

La pancarta en cuestión contenía una crítica directa, con el mensaje: “Gema, de mercado de barrio a preafter no da igual”. La eliminación de este cartel ha sido considerada por el grupo como un acto de censura y como una violación a la libertad de expresión, aún dentro de un recinto privado, a manos de las autoridades municipales.

Los miembros de la Comisión han denunciado que la actuación del Ayuntamiento ha tomado como pretexto la existencia de una supuesta infracción urbanística, basándose en un informe que se tramitó en un tiempo récord. Aseguran que esta decisión es desmesurada y revela un intento de silenciar una crítica válida, utilizando criterios legales de manera indebida.

Por otro lado, el diálogo reciente con el concejal Lavín fue descrito por la Comisión como "infructuoso". Durante esta reunión, el concejal se limitó a defender la legalidad existente sin ofrecer soluciones viables, lo que ha generado un sentimiento de frustración entre los representantes del colectivo.

El tono confrontacional del concejal ha sido criticado y se considera alineado con la estrategia general de la alcaldesa Gema Igual. Además, se ha señalado que Lavín no supo justificar la falta de cumplimiento por parte de la empresa encargada de la gestión del mercado, Bakia, que no ha enfrentado consecuencias a pesar de varios incumplimientos contractuales, incluyendo obras que debían haberse completado en un año pero que ya llevan más de cinco en curso.

Según la información proporcionada por la Comisión, Bakia es claramente la beneficiaria de esta situación, dado que su concesión le permite obtener ganancias significativas en función de su inversión mínima en el mercado. De esta manera, la comunidad ve cómo un modelo de gestión que debiera servir a los intereses locales parece favorecer a unos pocos.

Finalmente, la Comisión ha hecho hincapié en que las normativas y limitaciones que afectan a los mercados municipales son decididas por el Gobierno local, sugiriendo que las apelaciones hechas por el concejal a limitaciones técnicas fueron simplemente un intento de evadir el diálogo ante las reclamaciones de la comunidad. Las circunstancias claman por un enfoque más participativo y transparente en la gestión del patrimonio local.