Mensaje claro del Parlamento de Cantabria: urge implementar el Plan de Gestión del Lobo.
El Parlamento de Cantabria ha acordado en una sesión celebrada este lunes instar al Gobierno regional, liderado por el Partido Popular, a llevar a cabo el Plan de Gestión del Lobo. Esta medida, que contó con la abstención del Grupo Popular, busca modificar la zonificación actual, convocar las ayudas por los daños ocasionados y obtener los informes necesarios para autorizar extracciones, con el objetivo de controlar la proliferación del lobo en la región.
La moción presentada por el Partido Regionalista de Cantabria insta al Ejecutivo a revisar la zonificación del plan para reubicar a nueve municipios de la zona 2 a la 1, debido al aumento de los ataques de lobos en esas áreas. Además, propone la convocatoria inmediata de ayudas para prevenir daños en el ganado y el pago por servicios ambientales correspondientes a los años 2023 y 2024.
Por su parte, el diputado Guillermo Blanco ha defendido la necesidad de cumplir con el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, destacando la importancia de tomar medidas efectivas para proteger a los ganaderos de la región.
En otro orden de ideas, el Parlamento rechazó una iniciativa del Grupo Socialista que buscaba exigir a la presidenta María José Sáenz de Buruaga la defensa de la armonización fiscal para acabar con la desigualdad entre territorios ante el presidente Pedro Sánchez. Esta propuesta fue descartada con los votos en contra del Partido Popular y Vox.
En un contexto más amplio, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, expresó su preocupación por la inmigración ilegal descontrolada en España y criticó la política de puertas abiertas que, en su opinión, ha llevado a una situación de invasión en el país. Por su parte, el diputado del PP Alejandro Liz defendió la necesidad de una política migratoria integral y firme contra las mafias, rechazando el enfoque populista de Vox en este tema.
En materia educativa, el Parlamento también se pronunció respecto a la renegociación del acuerdo de la jornada educativa para docentes mayores de 55 años, con los votos en contra del PP y Vox y el apoyo de PRC y PSOE. La diputada regionalista María Teresa Noceda lamentó el fracaso de dicho acuerdo y llamó a su rectificación, mientras que el parlamentario del PP Álvaro Aguirre defendió su vigencia y criticó los intentos de cambiarlo por parte de los regionalistas.