MITECO interviene en el caso El Bocal tras la investigación de empleados de Costas.

La tragedia de El Bocal, que costó la vida a seis jóvenes el pasado 3 de marzo, ha llevado a la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a intervenir en el caso. Dos empleados de la Demarcación de Costas en Cantabria ahora enfrentan un proceso de investigación, lo que les permite acceder a toda la documentación relevante a este lamentable suceso.

El anuncio fue realizado el martes por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares del PSOE, tras conocer que la magistrada que lleva la causa ha decidido abrir una acción penal contra José Antonio Osorio, jefe de la Demarcación de Costas, así como contra el responsable del Servicio de Proyectos y Obras. Esto se enmarca dentro del contexto del proyecto de la senda costera iniciado en 2014, al que pertenece la estructura que colapsó.

La jueza ha declarado que es la administración central la que tiene la responsabilidad única de asegurar la correcta conservación y mantenimiento de la pasarela que se vino abajo en marzo. La investigación ha revelado que las obras de la senda peatonal no habían sido concluidas y, por ende, no habían sido recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander.

En el auto judicial, la magistrada subraya que, debido a su estado inacabado, la Demarcación de Costas es la encargada de la adecuada conservación de la obra, que incluye la pasarela en cuestión. Casares ha sido enfático al indicar que esta situación viene de decisiones tomadas durante la gestión del Partido Popular, tanto a nivel nacional como local, instando a no perder de vista esta realidad.

El delegado del Gobierno manifestó su pleno respeto al proceso judicial en curso y enfatizó la importancia de esclarecer todos los hechos y responsabilidades involucradas en la tragedia. Casares ha aseverado que es crucial conocer toda la verdad para honrar la memoria de las víctimas y sus familias, y ha insistido en que las responsabilidades no deben limitarse a individuos específicos.

Ante la crítica sobre la actuación de la Policía Local, donde se menciona que un aviso previo sobre el mal estado de la pasarela no fue gestionado, Casares recuerda que la verdadera responsabilidad de la seguridad recae en ambas administraciones: la de Costas y el Ayuntamiento de Santander. Este comentario parece dirigir una crítica sutil hacia la alcaldesa de Santander, Gema Igual, del PP.

La decisión final sobre las responsabilidades será tomado por el sistema judicial, según ha indicado Casares, quien también hizo hincapié en que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la seguridad en el municipio. Aunque la Demarcación de Costas es responsable del mantenimiento, el Ayuntamiento debe actuar ante cualquier riesgo en áreas públicas, especialmente considerando que esta infraestructura estaba incluida en rutas turísticas promovidas por ellos.

Por último, en relación a posibles medidas contra los funcionarios de la Demarcación de Costas durante la investigación, Casares declaró que aún se desconoce la postura del Ministerio, dejando en claro que confían en que se tomarán las decisiones adecuadas a medida que avancen los acontecimientos.