En una reciente publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, el Gobierno regional ha presentado su anteproyecto para la nueva Ley de Carreteras, la cual promete introducir notables cambios en comparación con la normativa vigente hasta la fecha. Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la posibilidad de financiar obras a través de contratos público-privados y el reemplazo de autorizaciones por declaraciones responsables en trabajos menores de mantenimiento y conservación.

Además de esto, las nuevas disposiciones contemplan un aumento en las sanciones y otorgan a los vigilantes de carreteras la potestad de actuar como agentes de autoridad, permitiéndoles abrir expedientes sancionadores. Asimismo, se busca regular aspectos como la publicidad, que se volverá menos restrictiva, así como la autorización de cultivos, movimientos de tierra y tendidos eléctricos, incluyendo la organización de eventos y pruebas en vías públicas.

El objetivo primordial del anteproyecto es modernizar la legislación actual, que ha estado en vigor desde 1996 y que ha llegado a considerarse obsoleta en múltiples aspectos. Así lo expresó el consejero de Fomento, Roberto Media, en una reciente rueda de prensa donde expuso las mejoras propuestas en el anteproyecto.

Una vez publicada en el BOC, la norma pasará por un periodo de audiencia pública donde se recogerán las opiniones de los interesados. Posteriormente, se iniciará el proceso parlamentario con el objetivo de alcanzar un consenso rápido para su aprobación. Media enfatizó la importancia de esta ley para simplificar los actuales procedimientos administrativos, que, según sus declaraciones, están causando retrasos significativos en la tramitación de más de 500 expedientes relacionados con las carreteras.

En cuanto a las novedades relacionadas con las infracciones, se mantiene la clasificación de infracciones leves como aquellas que no comprometen la seguridad vial y que son susceptibles de legalización. No obstante, las infracciones que afecten a la seguridad se calificarán como graves o muy graves, dependiendo de la ubicación del hecho. Las sanciones variarán de entre 300 y 1.500 euros para infracciones leves, de 1.501 a 15.000 euros para las graves, y de 15.001 a 120.000 euros para las muy graves.

La nueva normativa también establecerá criterios más claros para graduar las sanciones, considerando aspectos como los daños causados, el riesgo implicado y la intencionalidad del infractor. Además, se contempla una posible reducción de hasta el 40% en el importe de la multa si el infractor asume la responsabilidad y realiza el pago anticipado. El plazo de prescripción para las sanciones se determina en un año para las leves, tres para las graves y seis para las muy graves.