Por en este momento, y hasta el momento en que no se levante el misterio de sumario, se le apartará de los contratos de rutas que administraba

RUESGA, 23 Feb.

La Consejería de Obras Públicas apartará al funcionario detenido ayer por presuntas irregularidades de la administración de los contratos de cuidado de rutas de los que se encontraba adelante, aparte de que estudia si es viable abrirle un expediente sancionador a fin de que se le retire la condición de funcionario.

Y es que la Consejería no puede separarle del cargo de manera directa al haber accedido a través de un certamen público, pero sí puede encargar los contratos que administraba a otra persona para eludir que, si queda en independencia, vuelva a su administración con normalidad.

"Si al funcionario le dejaran en independencia, él volvería a su puesto; es funcionario y por consiguiente nosotros esa condición no tenemos la posibilidad de suprimirla. Lo que sí tenemos la posibilidad de llevar a cabo y haremos de manera prácticamente instantánea es que en todos esos contratos en los que estuviese como responsable del contrato, como es natural editarlo", dijo este jueves el asesor del área, José Luis Gochicoa.

"Yo no le he puesto ahí", ha aclarado el titular de Obras Públicas para argumentar que sacarle de su puesto como funcionario necesita un trámite sancionador que, además de esto, hasta el momento en que no se levante el misterio de sumario del caso es imposible desarrollar, en tanto que no se tiene conocimiento oficial de quiénes son las ocho personas a las que se detuvo ayer en la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria en Cantabria.

En este sentido, Gochicoa no confirmó si se habla del jefe de Conservación de Carreteras, pues "solo entendemos que ese funcionario el día de hoy no ha asistido a su puesto", pero "no contamos ninguna perseverancia no de que esté detenido de manera oficial".

Por ello, "no me agradaría todavía adelantarme hasta no tener al menos la documentación", ha añadido, señalando que por el momento lo que puede realizar como asesor es "que esos contratos los lleve otra persona".

Y es que del detenido dependía la administración de "entre seis y ocho contratos cada un año" que son "esenciales" --aparte de ciertos "pequeños"--, como por poner un ejemplo los de asfaltado o de viabilidad invernal, un servicio que en estos días, frente a las nevadas, "no tenemos la posibilidad de parar de prestar".

De hecho, Gochicoa, que hizo estas afirmaciones en un acto en el que participó el día de hoy en Ruesga al lado de la consejera de Justicia, Paula Fernández, ha señalado que el juzgado que transporta la investigación ha pedido al Gobierno la documentación relativa a diez contratos.

Al hilo, ha contado que durante el día de ayer, en el momento en que el detenido estuvo en la Consejería acompañado por los agentes para comprobar su despacho, si bien ignora si se llevaron algún género de documentación --en tal caso "no había de ser muy voluminoso" por el hecho de que "esta similar a como se encontraba previamente"--, la comisión judicial solicitó al Ejecutivo que identificara si esa persona era funcionario y que aportase documentación sobre una secuencia de expedientes, con lo que "se prepara" para ponerla predisposición judicial "como muy tarde mañana".

Todo esos contratos estarían en marcha, "ninguno está adjudicado", ha remarcado el titular de Obras Públicas, agregando que la mayoría de esa información es pública.

También ha llamado la atención sobre lo "bien difícil" que resulta accionar de una manera fraudulenta en unos métodos que son "complicadísimos", con lo que está "deseando" poder ver la documentación del caso y saber "exactamente en qué etapa se está generando algún género de soborno al funcionario" y de qué forma se puede eludir más adelante una vez se levante el misterio de sumario, lo que según dijo esta mañana el vicepresidente cantabrio, Pablo Zuloaga, va a ocurrir mañana.

Tanto el asesor de Obras Públicas como la de Justicia han afirmado que el Gobierno, "como afectado", tiene intención de personarse como acusación en la causa en el momento en que conozca lo ocurrido y si se establece que "un individuo pudo estar cobrando cualquier género de comisión" utilizando su cargo.

En este sentido, Gochicoa ha incidido en que el implicado "trabaja de una manera bastante individual" y semeja que es el único envuelto en la causa, mientras que todos los otros usados de la Consejería prosiguen haciendo un trabajo "con normalidad".

Es por este motivo que ha pedido que las irregularidades no se atribuyan a "una globalidad", sino más bien a un individuo específica que tenía "un nivel de administración esencial". "Me fastidiaría mucho", ha sentenciado, recordando que solo la Consejería tiene mucho más de 400 usados y "no hay ningún elemento para dudar" que haya mucho más implicados.

Finalmente, dijo que no posee "nada que objetar" cerca de de qué forma se está realizando la investigación y mostró "total respeto a eso que hace la Justicia", a la que volvió a prestar "total transparencia". "Me da la sensación de que lo propio es que ciertamente se investigue y es la manera asimismo de que todos estemos relajados", ha remarcado.