El gobierno de Cantabria ha implementado un nuevo decreto que modifica la normativa sobre la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Este decreto, que entra en vigor el próximo 27 de enero, trae consigo cambios significativos, especialmente en lo que respecta a la evaluación de la discapacidad visual, permitiendo que oftalmólogos especialistas puedan emitir informes que certifiquen esta condición para aquellos que aún no cuenten con la validación del equipo de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO).

Además, se introduce una disposición que permitirá a los afiliados a la ONCE presentar un certificado del Consejo General, el cual se basará en un diagnóstico efectuado por un oftalmólogo autorizado por esta organización. Esta medida busca facilitar el acceso a la tarjeta de estacionamiento para quienes realmente lo necesiten.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, fue la encargada de detallar las novedades del decreto en una conferencia de prensa celebrada el jueves. Según la consejera, el anterior marco legal de 2001 había quedado "desfasado", y aunque la comunidad había estado aplicando ley estatal, el nuevo decreto proporciona actualizaciones y establece un modelo de tarjeta que será reconocible en toda la Unión Europea.

Entre las mejoras contempladas, destaca que la duración de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida se ampliará a diez años, independientemente de la edad del titular, siempre que se confirme que la movilidad reducida es permanente. Anteriormente, los menores de 18 años contaban con un plazo de renovación cada cinco años.

Para aquellos cuya movilidad reducida sea temporal, la duración de la tarjeta se determinará en el momento de su concesión, acorde a las circunstancias individuales. Asimismo, se dispone que las tarjetas vinculadas a vehículos de transporte colectivo para personas con movilidad reducida tendrán una duración máxima de diez años, mientras que las provisionales por razones humanitarias podrán extenderse hasta un máximo de dos años.

Otro avance significativo es la ampliación del plazo para solicitar la renovación de la tarjeta de tres a seis meses antes de su caducidad. También se ha confirmado que las tarjetas emitidas por los ayuntamientos de Cantabria serán válidas en todo el territorio nacional y en otros países europeos, según la legislación de la UE.

Las tarjetas emitidas antes de la vigencia del nuevo decreto continuarán siendo válidas hasta su fecha de expiración, y se establece un periodo de seis meses para que los ayuntamientos adapten sus regulaciones a esta nueva normativa. El modelo de la tarjeta será aprobado por la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), quien también se encargará de distribuirlas a los ayuntamientos, ajustando el diseño a lo que establece la directiva europea.

La normativa también establece que tendrán derecho a la tarjeta de estacionamiento las personas que padezcan discapacidad reconocida, aquellas con discapacidad visual severa, vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida, y en casos excepcionales, se podrán otorgar tarjetas provisionales por razones humanitarias relacionadas con enfermedades graves.

Desde 2020 hasta 2024, Cantabria ha reconocido a más de 8.387 personas con discapacidad y movilidad reducida, lo que resalta la importancia de estas medidas para garantizar la movilidad y el acceso de estas personas a espacios públicos.